El Grupo Popular de la Comarca de la Jacetania ha respondido a la nota de prensa emitida por la institución comarcal, ratificando su crítica sobre la presencia de la presidenta, Olvido Moratinos, en el IES Domingo Miral para impartir una charla sobre inmigración.
Los populares cuestionan que fuese la propia presidenta quien actuase como única ponente y no personal técnico cualificado del Servicio Social de Base comarcal. La formación, además, mantiene su interpretación de que la invitación por parte del docente fue aprovechada por Moratinos para su promoción personal. Así, insisten en la importancia de que estas actividades sean impartidas por técnicos y personal cualificado del servicio para garantizar la imparcialidad.
Se reafirma también en sus críticas a la encuesta previa a los alumnos, menores de edad, que incluía datos sensibles. Recuerda que en ningún momento señaló a la entidad comarcal como responsable de recoger dichos datos.
La formación explica que su denuncia original se centraba en la recepción de un cuestionario con preguntas sensibles por parte de los alumnos, cuya autoría se desconocía en ese momento. Se ha confirmado, aseguran, que dicha encuesta pertenecía a un proyecto del instituto y que la Inspección ordenó su retirada por vulnerar la legalidad al incluir preguntas comprometidas a menores sin el consentimiento de sus tutores legales. Por ello, aseguran que la explicación de la Comarca es “absolutamente gratuita y basada en prejuicios políticos”.
Respecto al contenido de la intervención, el PP sostiene que la presidenta ha aprovechado la invitación de un docente para su promoción personal y advierte de que las ideologías deben quedar fuera de las aulas. La formación insiste en la importancia de que la información sea compartida por especialistas para garantizar la imparcialidad ante menores, independientemente de las intenciones de la presidencia.
Finalmente, los populares califican de intolerancia ante la crítica el anuncio de acciones legales por parte de la institución ante una preocupación que consideran lícita. Recuerdan que el derecho de opinar sobre una acción política no constituye un delito y que la actitud de Moratinos refleja su dificultad para encajar la discrepancia.