La portavoz Educación del PP, Pilar Cortés, ha expresado su rechazo al proyecto de decreto del Gobierno aragonés por el que se regula el uso de lenguas propias de Aragón en el ámbito de las administraciones públicas aragonesas. Cortés señala que el proyecto de decreto “atenta contra el rico patrimonio lingüístico aragonés, aniquila nuestras modalidades lingüísticas, imponiendo el aragonés y el catalán, que nadie reconoce como propias”.
Para la portavoz popular, el Gobierno de Lambán, una vez más, “viene a crear problemas donde no los hay, todo por el pago a sus socios de CHA. La creación de la Dirección General de Política Lingüística ya fue uno de esos pagos. Este decreto va a ser una cesión más, sin pararse a pensar en el daño que hacen a nuestro rico patrimonio, en cuya defensa y promoción siempre ha defendido el PP y así seguimos haciéndolo”.
“El problema está en que ese decreto reduce esas lenguas propias al catalán y al aragonés”, y además Cortés explica que crea un problema donde no lo hay, ya que “los ciudadanos de esas zonas de Aragón ya se relacionan con la administración en sus diferentes modalidades lingüísticas con total normalidad, como lo hacen en sus conversaciones habituales”.
Además, la diputada popular ha recordado que el Gobierno pretende que se valore el conocimiento del catalán y del aragonés para acceder a determinados puestos de la administración, lo que considera “un error” a la vez que recuerda que "el conocimiento acreditado de un idioma tiene que estar acreditado y, actualmente, la Escuela de Idiomas acredita el catalán, pero no el aragonés", que “solo se imparte en un curso de especializado en la Universidad, porque el aragonés no es una lengua reconocida como tal, ni existe para ella una especialidad”.
Por otra parte, Cortés pone de manifiesto que “no son lenguas cooficiales, y el Gobierno de Lambán no puede pretender buscar atajos, tratando al catalán y al aragonés como si lo fueran”.
Asimismo, cuestiona un texto “repleto de términos jurídicos indeterminados, que denotan una nefasta técnica jurídica y en el que falta algo esencial, saber quién va a pagar el coste económico de esto, algo a lo que el Gobierno de Lambán nos tiene acostumbrados, presenta normas sin memoria económica”.
Cortés ha lamentado la “simplificación de nuestra riqueza lingüística, eso es ir en contra de nuestro Estatuto de Autonomía que prevé la defensa y promoción de todas nuestras modalidades”, ha concluido la portavoz popular de Educación.