Fiscalía ha puesto el caso del exinterventor Salvador Ariste en conocimiento del juez instructor por un presunto delito de malversación continuada de caudales públicos, al estimar que puede haber indicios de tipos ilícitos.
Los hechos versan sobre el presunto cobro indebido de hasta 108.597 euros en concepto de complementos durante los últimos doce años en los que ocupó el cargo de forma accidental. El alcalde, Juan Escalzo, llevó el asunto a la Fiscalía tras los informes de la secretaria y del nuevo interventor del Ayuntamiento de Sariñena, además del informe de los Servicios Jurídicos de la DPH y un abogado externo.
Desde que llegó el nuevo interventor en noviembre, se inició una investigación, ya que se detectaron inconsistencias en las nóminas. Se alega que Ariste omitió su deber de fiscalizar sus propias nóminas, a pesar de haberlo hecho con otras, emitiendo reparos. El informe sugiere la devolución de las cuantías cobradas indebidamente, incluyendo trienios, paga extra y los importes que exceden del salario base y de los trienios como auxiliar administrativo. El alcalde ha abierto un procedimiento de reintegro del dinero correspondiente a los últimos cuatro años, pudiendo llegar a ser alrededor de 30.000 euros.
Escalzo asegura que “el responsable de fiscalizar y dar el visto bueno a las nóminas es el interventor, aunque lo lleve recursos humanos o una empresa externa y si él no hace un informe desfavorable es que son correctas”, además manifiesta que, “el exinterventor hacía informes desfavorables de otras nóminas, pero nunca de la suya”.
Durante el fin de semana, el PSOE de Sariñena ha buzoneado un folleto por todo el municipio en el que se explica exhaustivamente la cronología de los hechos que han sucedido y que han desembocado en una moción de censura.
Subraya que desde que el 22 de octubre de 2023 se incorpora un interventor al Ayuntamiento y, por tanto, Ariste retorna a su plaza de auxiliar administrativo, además de que en enero del mismo año tomaba posesión una secretaria de la bolsa de interinos de forma estable. Según el folleto, Secretaría avisó en el mes de julio de 2023 a todos los componentes del equipo de gobierno (PSOE-CHA), de que algo no funcionaba bien en el área económica, concretamente en lo relativo a las nóminas, observando ciertas irregularidades en algunas de ellas. Pero no solo en esto, también avisaba de irregularidades en contratación, arrendamientos, permutas, etcétera.
Además, asegura Escalzo, “advierten de otros errores en la contabilidad municipal, como la cuantía de la deuda viva de este Ayuntamiento, que nos es de 5 millones sino de 1,6 millones de euros. En noviembre de 2023 se inicia una investigación interna con la recopilación de documentación que avalaran los complementos que reflejaban las nóminas de Salvador Ariste. “Se pidieron de forma reiterada, tanto al interesado como a otros trabajadores, llegando a comprobar que incluso faltaba documentación en los archivos municipales”, añade el edil.
En enero de 2024 los servicios jurídicos del Ayuntamiento comienzan a elaborar los informes que recogen todas estas irregularidades detectadas. “Y el martes 9 de enero, el Interventor, la Secretaria y yo como Alcalde mantenemos una reunión con los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca para que valorasen la información recabada, corroborando estos la existencia de irregularidades”. A continuación, se solicitan más informes a los servicios jurídicos de la DPH, e incluso a un abogado externo especialista en temas de administración pública, “y con todos los informes, los servicios jurídicos del Ayuntamiento me advierten que, además del expediente administrativo de reintegro por parte del Ayuntamiento, es mi obligación ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para que realice la investigación que considere”.
Esto, "lo hubiera tenido que llevar a cabo el alcalde que hubiera estado en ese momento en el Ayuntamiento o habría incurrido en un posible delito por ocultar una posible malversación", estima Escalzo, haciendo hincapié en que, “el expediente de reintegro y el disciplinario están iniciados" y pregunta al futuro equipo de gobierno, de prosperar la moción de censura, si forma parte del pacto paralizar estos expedientes, "ya que ningún alcalde, ni yo, ni Villellas, si prospera la moción, podrá parar el procedimiento judicial, pero en su mano quedará el proceso administrativo”
Se trata de dos procesos diferentes: el iniciado por el Ayuntamiento de reintegro de los cobros indebidos de los últimos cuatro años y por otro lado, el procedimiento judicial, que determinará si los cobros indebidos son constitutivos de delito o no, y que en caso de serlo, podrían ascender a 108.597 euros, concluye el PSOE sariñenense.