El PSOE ha estimado, en una rueda de prensa celebrada en su sede, que la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo que anula el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Huesca por el que una parcela del polígono Harineras destinada a “vivienda protegida” pasaba a ser para “viviendas sujetas a algún régimen de vivienda protegida”, confirma “de forma contundente” lo que denunció desde el primer momento: que la alcaldesa “no estaba corrigiendo un error material, sino alterando el contenido de un acuerdo aprobado por el Pleno mediante un procedimiento que no era legal”.
La sentencia, agregan los socialistas, afirma que el acuerdo impugnado "no es, de forma meridiana, una rectificación de un error material, sino una alteración de fondo, y por tanto la vía utilizada por el Ayuntamiento era radicalmente inadecuada", ha explicado el concejal Fernando Sarasa.
El PSOE ha asegurado que el acuerdo plenario destinaba ese suelo municipal a la construcción de vivienda protegida. Un año y medio después, la alcaldesa llevó al Pleno una modificación de ese acuerdo “mediante una pretendida corrección de errores para abrir la puerta a otro modelo que favorecía que el señor Azcón pudiera especular con un patrimonio que pertenece a todos los oscenses, de forma que el alquiler de esas viviendas públicas pasaría a costar de 450 a más de 800 euros al mes y permitiría que, a los 30 años, esas mismas viviendas pasen a manos de un fondo buitre”.
"La sentencia deja claro que teníamos razón. En un Estado de Derecho no todo vale. Una alcaldesa no puede utilizar el Ayuntamiento como si fuera su cortijo, cambiando acuerdos del Pleno mediante procedimientos que la Justicia declara improcedentes. Las normas están para cumplirlas y quien gobierna tiene la obligación de ser el primero en respetarlas", ha expuesto la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Huesca, Silvia Salazar, afirmando que el acuerdo de pleno “válido” es el de 2024, en el que el destino de esa parcela era para “vivienda protegida”.
“Ahora es la señora Orduna la que tiene que decidir qué va a hacer”, ha afirmado Salazar. “No puede acusarnos de ocasionar retrasos cuando, en octubre de 2025, ya le advertimos de que el procedimiento que quería aplicar como “corrección de errores”, no era válido al carecer de informes jurídicos que lo avalara. Fue ella la que decidió seguir adelante a pesar de ello y ha tenido que ser el juez quien le dijera que no puede hacer lo que quiera, por muy alcaldesa que sea”.
Sobre la lectura de la sentencia que ha realizado el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huesca, Sarasa la ha calificado de “torticera”, porque el retraso que se puede producir es por los procedimientos del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón: “ya que nosotros no pedimos ninguna cautelar y, sin embargo, no sabemos ni donde está el proyecto que han vendido”.
Sarasa ha recordado que la alcaldesa no puede cambiar el destino del suelo saltándose el procedimiento, que es lo que pretendía. “El cambio planteado persigue beneficiar a los promotores y no a los ciudadanos”, ha indicado.
Para el secretario general del PSOE Alto Aragón y diputado autonómico, Fernando Sabés, la sentencia sobre la parcela pública de Harineras “retrata” al Ayuntamiento de Huesca y al Gobierno de Aragón. “Dice las cosas claras: si quieren especular con el suelo público deberán iniciar un nuevo procedimiento y deberán contarlo de forma clara a la ciudadanía. Y no hacerlo de tapadillo como pretendían”.
Sabés ha concluido que el PSOE “siempre estará en contra de la especulación, defendiendo el interés público y las necesidades básicas de los ciudadanos”.