El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huesca cuestiona la coordinación entre la institución provincial y el Gobierno de Aragón en materia de vivienda. “No existe como tal”, asegura la viceportavoz del PSOE, Gema Betorz, quien explica que “hace un año las dos instituciones hablaban de una cooperación que está fallando. En 2024 hubo ayuntamientos que obtuvieron ayudas solo de una de las dos instituciones y este 2025 el ejecutivo autonómico ni siquiera ha convocado las subvenciones correspondientes a este año. Esta descoordinación está dejando proyectos a medias”.
La situación en que quedan los ayuntamientos, agrega el PSOE, “es complicada en muchos casos: tienen una parte de la financiación pero no la otra, y van a tener dificultades para terminar estos proyectos y, por tanto, poner en el mercado viviendas públicas de alquiler asequible. Hablamos en muchos casos de consistorios con presupuestos muy reducidos que no pueden afrontar con fondos propios estas obras”.
El PSOE ha presentado una propuesta de resolución que se debatirá en el pleno de este miércoles instando al ejecutivo de Jorge Azcón que convoque a la mayor brevedad posible las ayudas del Programa 700 del Plan Aragón Más Vivienda con, al menos, la misma cuantía que en 2024.
En cuanto al plan de DPH, Antonio Biescas, reconoce que “es cierto que este año sí ha salido en plazo, pero es totalmente insuficiente”. De los 98 ayuntamientos que hicieron una solicitud, solo 29 tienen subvención, el resto queda fuera por "insuficiencia presupuestaria". “Aunque el Gobierno de Aragón convocara sus ayudas a estas alturas del año, seguirá sin haber complementariedad y seguirá habiendo 69 ayuntamientos que no van a obtener subvenciones”.
El planteamiento del Grupo Socialista es “que la institución provincial cambie los criterios de concesión de ayudas del Plan de Vivienda para que todos los municipios puedan optar con las mismas garantías. Es decir, que no se concedan las subvenciones teniendo en cuenta el orden de llegada sino en concurrencia competitiva entre todas las solicitudes”. De nuevo, asegura, “los más perjudicados son los ayuntamientos más pequeños, que tienen menos personal y, por tanto, juegan en desventaja con los más grandes”.