El debate sobre las sanciones y multas municipales ha abierto un nuevo enfrentamiento político entre el PSOE y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca. Los socialistas han denunciado este viernes un supuesto “afán recaudatorio” del ejecutivo de Lorena Orduna, mientras que el consistorio ha rechazado las acusaciones y ha defendido que los expedientes responden al funcionamiento ordinario de la administración y al cumplimiento de la normativa vigente.
El Grupo Municipal Socialista ha asegurado haber tenido conocimiento de que la alcaldesa habría dado instrucciones para priorizar la resolución de sanciones y multas pendientes en el Ayuntamiento.
El concejal socialista José María Romance ha considerado “especialmente contradictorio” que el Partido Popular mantenga un discurso basado en la bajada de impuestos mientras, según sostiene el PSOE, “ha aumentado 400.000 euros la recaudación por multas”.
Romance ha afirmado además que el incremento de determinadas sanciones, “hasta un 140% en algunos casos”, refleja cuáles son las prioridades del actual equipo de gobierno.
Para los socialistas, resulta “incoherente” que el Ayuntamiento incremente los ingresos mediante sanciones mientras, según denuncian, siguen acumulándose otros expedientes y trámites administrativos que afectan al día a día de la ciudadanía.
Horas después de estas declaraciones, el equipo de gobierno municipal ha respondido rechazando la interpretación realizada por el PSOE y negando que exista ninguna instrucción para priorizar expedientes sancionadores.
Desde el Ayuntamiento han asegurado que las multas “se tramitan como cualquier otro procedimiento administrativo”, dentro del funcionamiento ordinario del consistorio y conforme a la normativa vigente.
El gobierno municipal ha defendido además que parte del incremento de sanciones está directamente relacionado con la aplicación de nuevas normativas y con la necesidad de reforzar la seguridad vial en la ciudad.
En concreto, el Ayuntamiento ha recordado que la sanción de 200 euros por acceso indebido a la Zona de Bajas Emisiones no ha sido fijada por el consistorio oscense, sino que responde a la legislación estatal en materia de tráfico y movilidad.
El equipo de gobierno también ha vinculado el aumento de determinadas multas al cumplimiento de la ordenanza de ciclos y vehículos de movilidad personal, especialmente en lo relativo a los patinetes eléctricos.
En este sentido, el consistorio ha recordado que la memoria de la Policía Local correspondiente a 2025 recogía un total de 622 infracciones cometidas por vehículos de movilidad personal y bicicletas, de las que 599 correspondían a patinetes.
Para el Ayuntamiento, estos datos evidencian la necesidad de continuar actuando para garantizar la convivencia y reforzar la seguridad tanto de peatones como de usuarios de la vía pública.
Desde el equipo de gobierno han lamentado además que el PSOE trate de presentar como un “afán recaudatorio” cuestiones relacionadas con la aplicación de la legislación vigente, la seguridad vial y la tramitación ordinaria de expedientes administrativos.