Los vecinos, empresas, profesionales y entidades del Reino de los Mallos, a través de los servicios jurídicos de los representantes municipales, han solicitado auxilio judicial y, entre otras medidas, ha solicitado la suspensión cautelarísima del cierre total de la carretera A-132 previsto desde este lunes 27 de julio y el 7 de agosto de 2026.
Denuncian que la actuación de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón constituye "una vía de hecho ejecutada sin procedimiento administrativo, sin resolución formal, sin autorización estatal y sin ninguna motivación técnica, vulnerando los principios de legalidad y proporcionalidad y poniendo en riesgo directo la seguridad de la población. Una más desde noviembre de 2024 y sin fecha de fin prevista, pues ya se ha concedido nueva prórroga a la supuestamente improrrogable fecha de finalización", señalan los afectados.
La preocupación del territorio es "profunda y sostenida", afirman. Explican que, desde hace meses, vecinos, empresas y profesionales vienen alertando de que "la planificación de las afecciones no está siendo compatible con la vida del territorio, ni con su actividad económica, ni con la movilidad diaria de trabajadores, visitantes y servicios esenciales".
Las reuniones mantenidas con el Gobierno de Aragón, la Dirección General de Carreteras, la dirección de obra y la empresa adjudicataria no han incorporado soluciones que reduzcan significativamente el impacto sobre la población, lamentan. Según exponen, en los encuentros celebrados los días 21 y 22 de julio con la Dirección General de Carreteras, los representantes del territorio comprobaron que "no existía ningún informe técnico, ni estudios de tráfico, ni evaluación de riesgos, ni autorización de la Dirección General de Tráfico, ni la Instrucción Reguladora de Tráfico. La única explicación ofrecida por los responsables autonómicos fue que “ya está contratado el hormigón, las placas y las grúas”". Para los vecinos, esta frase resultad reveladora de que "la obra se ha planificado de espaldas a la realidad del territorio, priorizando la logística interna de la UTE por encima de la seguridad de miles de ciudadanos".
A ello suman que la actitud de la Dirección General de Carreteras fue de "soberbia, opaca y ajena a las necesidades del territorio, ignorando propuestas, alternativas y advertencias sobre riesgos reales". Agregan que esta dirección general "tampoco responde al Justicia de Aragón, que no ha recibido los informes necesarios para poder pronunciarse, agravando la falta de control institucional. Hasta ahora, todas las promesas de rectificación por parte del Director General de Carreteras han sido incumplidas".
PERJUICIO ECONÓMICO IRREVERSIBLE
Como exponen, el territorio ha soportado durante meses restricciones de tráfico, cortes parciales, cortes totales, voladuras, desvíos, incertidumbre permanente y nuevos cierres anunciados para agosto, septiembre y fases posteriores. "Esta situación impide a empresas, trabajadores y visitantes planificar con normalidad su actividad y transmite una imagen de inestabilidad que perjudica gravemente al territorio".
Trasladan que el perjuicio económico no se limita a los días de cierre, ya que las principales aplicaciones de navegación muestran la A-132 como vía cerrada incluso cuando está abierta, desviando automáticamente miles de vehículos hacia otros corredores y reduciendo las paradas en restaurantes, alojamientos, comercios y empresas de turismo activo. "Las pérdidas en plena temporada alta son irreversibles", denuncian.
PUENTE DEL PANTANO DE LA PEÑA
Por otra parte, los afectados afirman que "la obra en ejecución no responde a ninguna necesidad real ni a la demanda social de la zona, sino a una estrategia estructural de desahogo del Monrepós que se está realizando a costa de penalizar a los vecinos, destruir la actividad económica local y comprometer la movilidad diaria de trabajadores y empresas".
Denuncian que, mientras tanto, "la verdadera prioridad de intervención urgente en la A-132, que es el riesgo estructural del puente del Pantano de la Peña, sigue sin abordarse, pese a ser el único punto cuya intervención está plenamente justificada desde el cierre del Monrepós en 2018, cuando la A-132 asumió un volumen extraordinario de tráfico que aceleró su deterioro. El puente es, desde entonces, el elemento más vulnerable y crítico de toda la vía, y sin embargo permanece sin actuación, mientras se ejecutan obras en tramos que no presentan urgencia técnica. Para el territorio, esta omisión es incomprensible y contraria al interés general".
RIESGO DE INCENDIO
Otro de los argumentos de los afectados es que el riesgo de incendio en las circunstancias actuales es crítico y absolutamente incompatible con un cierre total. El reciente incendio de Cinco Villas, que mantuvo en prealerta a los municipios afectados por la A-132, demuestra que "la amenaza es real, inmediata y no hipotética. Desde el día 24 de julio, declarado emergencia nacional por primera vez en la historia, NIVEL 3. El operativo de extinción depende de la disponibilidad inmediata de las vías principales para desplazarse sin demora, y la A-132 es un corredor esencial para autobombas, nodrizas, maquinaria pesada, cuadrillas terrestres y evacuaciones de población".
Tal como recoge la solicitud judicial, “la movilidad del operativo de extinción no es programable, no es previsible y no admite demoras”. Apuntan que un cierre total en plena ola de riesgo extremo supone bloquear el acceso a zonas forestales críticas, retrasar la llegada de medios terrestres y comprometer la seguridad de los propios bomberos forestales.
"Además, el cierre afecta directamente a agricultores y ganaderos, que en plena campaña de verano no pueden trabajar ni desplazarse con normalidad, mientras la empresa adjudicataria sí puede continuar su actividad sin restricciones. Esta desigualdad, en un contexto de riesgo extremo de incendios y máxima necesidad de disponibilidad territorial, es considerada por el territorio como injusta, incoherente y contraria al interés general.
Por otro lado, señalan que la A-1205 es una carretera estrecha, sin arcenes y con curvas de radio reducido, donde el cruce de dos autocaravanas puede convertirse en una maniobra peligrosa. En este sentido, lamentan que "el Gobierno de Aragón sigue ignorando las solicitudes para restringir el tráfico pesado, que circula habitualmente por esta vía pese a superar dimensiones y pesos recomendados"
"Por no mencionar -continúan- el riesgo derivado del estado de la A-132 cuando se encuentra abierta, un estado de devastación, con riesgos reales, ausencia de protección adecuada, etc., una bomba de relojería.
Los vecinos advierten que los cierres y restricciones de la A-132 afectan directamente a la prestación de servicios esenciales. La asistencia sanitaria, el transporte escolar y servicios básicos como la recogida de residuos dependen de la accesibilidad y continuidad de esta vía, y cualquier interrupción prolongada "complica su operatividad, aumenta tiempos de respuesta y genera incertidumbre en la población". Aunque no se atribuyen casos concretos, el territorio subraya que "la mera posibilidad de que estos servicios se vean comprometidos es inaceptable, especialmente en un entorno rural donde las alternativas son limitadas y los desvíos pueden superar los 70 kilómetros".
PETICIONES
El Reino de los Mallos "no solicita la paralización de las obras", sino "que se ejecuten con una planificación compatible con la realidad del territorio".
Entre las principales demandas, los afectados reclaman al Gobierno de Aragón que actúe conforme a la legalidad vigente y revise de forma inmediata la planificación de las próximas fases de las obras para evitar cierres completos de la vía en los periodos de mayor movilidad. Asimismo, solicitan reforzar la coordinación entre la Administración, la dirección de la obra y el territorio, mejorar la información pública y la actualización de las incidencias en los navegadores y garantizar la seguridad vial, así como la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia durante todas las fases de ejecución de los trabajos.
Apunta que quienes viven y trabajan en el Reino de los Mallos comparten el objetivo de contar con una carretera mejor y más segura. "Precisamente por ello reclaman planificación, diálogo y sentido común para que una infraestructura que no responde a la demanda actual, no termine provocando un daño irreversible a un territorio que lleva años apostando por el desarrollo sostenible, el turismo y la fijación de población en el medio rural. Dentro del “interés general” que esgrime sin motivación la Dirección General de Carreteras, también están los propios vecinos, empresas, servicios y el territorio, por pocos que puedan parecer.
El territorio considera "intolerable la arbitrariedad con la que la Administración del Gobierno de Aragón está actuando, favoreciendo de manera injustificada a la empresa concesionaria y perjudicando gravemente a los vecinos, empresas y profesionales del Reino de los Mallos". Una actuación administrativa que, "por su falta de motivación, su ausencia de procedimiento y su impacto desproporcionado, se acerca peligrosamente a la prevaricación -afirman-, y exige una rectificación inmediata y un cambio profundo en la forma de gestionar una infraestructura esencial para toda la comarca".
Para concluir, afirman que "esta es una reivindicación social justa, transversal y sin colores políticos. Por ello, el territorio considera inaceptable cualquier intento de politizarla, como lamentablemente viene ocurriendo por parte del Director General de Carreteras y de algunos de sus asesores. La defensa de la seguridad, la movilidad y la economía del Reino de los Mallos no pertenece a ningún partido: pertenece a sus vecinos".