El Reino de los Mallos se oponen frontalmente al nuevo cierre total de la A-132 anunciado por el Gobierno de Aragón para un periodo de tres semanas entre finales de agosto y septiembre. Vecinos, empresarios y afectados por las obras sostienen que el Ejecutivo autonómico se atribuye una supuesta autorización que, aseguran, “ninguna institución ha concedido”, y cuestionan que se pretenda justificar el corte “a cambio de no haber cerrado en agosto”. El territorio considera esta explicación “falsa, irresponsable y contraria a la legalidad”.
La polémica se suma al cierre total de la carretera ejecutado el pasado día 27, que los afectados consideran irregular y que ha derivado en actuaciones judiciales. Según explican, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha admitido a trámite las medidas cautelares solicitadas por los municipios, mientras que el Departamento de Carreteras, en sus alegaciones, habría pedido el archivo del procedimiento con el argumento de que la carretera ya se encuentra abierta. Para los afectados, esta respuesta obvia que el cierre llegó a producirse y que se ejecutó “por vía de hecho”, señalan.
El Reino de los Mallos sostiene que el corte se llevó a cabo "sin el procedimiento y la resolución que eran necesarios". También cuestiona la posterior “subsanación” realizada 4,5 horas después y señala que la comunicación a la Administración por parte de la empresa adjudicataria se produjo a las 15.05, tres horas y media después del inicio de la actuación.
Los vecinos y empresarios aseguran, además, que los cierres totales ejecutados "no han contado con los permisos" que consideran preceptivos, entre ellos la autorización estatal en materia de seguridad vial, el Informe de Regulación del Tráfico, los permisos relacionados con las voladuras, las autorizaciones medioambientales y una evaluación técnica de las alternativas viarias. A su juicio, la ausencia de esta documentación supondría “una infracción grave de la normativa aplicable y una quiebra del deber de control administrativo”.
“Mientras los ciudadanos, empresarios, agricultores y ganaderos debemos cumplir con toda la norma vigente, no es de recibo que quien la dicta no cumpla su contenido”, señalan los afectados, que reclaman al Gobierno de Aragón que responda a los requerimientos formales planteados y aporte la documentación que justifique su actuación. También recuerdan que siguen pendientes de respuesta los requerimientos formulados por el Justicia de Aragón.
En este sentido, el Reino de los Mallos reta públicamente al Ejecutivo autonómico a presentar “toda la documentación que supuestamente avala los cierres ejecutados” y reclama que, si esta no existe, se depuren las responsabilidades correspondientes.
CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE LAS OBRAS
La plataforma de afectados también cuestiona la gestión de la seguridad de la carretera durante los meses previos al cierre. Según su versión, vecinos y profesionales habían advertido al Departamento de Carreteras de deficiencias que consideraban graves mientras la A-132 permanecía abierta al tráfico. Sostienen que algunas de ellas comenzaron a corregirse después de una inspección de la Guardia Civil, una reacción que califican de “tardía” y que, a su juicio, evidencia una gestión deficiente de una infraestructura esencial para el territorio.
Las críticas se dirigen asimismo contra el director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio, a quien los afectados atribuyen una gestión marcada por “la improvisación, la ausencia de control y el desprecio hacia vecinos, empresas y profesionales”. Por ello, consideran que debería ser apartado de su cargo.
El nuevo cierre previsto para finales de agosto y septiembre es ahora el principal motivo de preocupación. Los afectados rechazan que pueda plantearse como una compensación por no haber cortado la carretera durante agosto y reclaman que cualquier actuación sobre la A-132 se planifique con garantías jurídicas, técnicas y de seguridad.
Los municipios afectados mantienen activas las acciones judiciales ordinarias y anuncian que promoverán las actuaciones que consideren necesarias para garantizar una planificación de las obras compatible con la vida cotidiana del territorio y con el respeto al principio de legalidad.
“Mientras persista esta situación de abuso de poder, el Reino de los Mallos no dudará en acudir nuevamente al auxilio judicial y a las acciones legales oportunas para proteger la seguridad y los derechos de la población”, señalan.
Los afectados recalcan que su reivindicación es “social, transversal y ajena a colores políticos” y sostienen que la seguridad, la movilidad y la continuidad de la actividad económica y social del territorio no pueden quedar supeditadas a decisiones que consideran improvisadas. Al mismo tiempo, mantienen su disposición al diálogo para que las obras puedan desarrollarse con seguridad y con garantías para vecinos, empresas y usuarios de la carretera.
En su reclamación, el Reino de los Mallos recuerda finalmente el principio recogido en el preámbulo del Reglamento de Carreteras de Aragón relativo a la necesidad de “salvaguardar el interés de los ciudadanos” y garantizar un grado suficiente de seguridad jurídica en sus relaciones con la Administración. Los afectados reclaman que ese principio se aplique también a la planificación y ejecución de las obras de la A-132.