Un total de 270 cámaras de videovigilancia instaladas en 49 localidades de la provincia, con una inversión de más de 400.000 euros, es el balance de los dos convocatorias del Plan de Seguridad Rural de la DPH, pionero en Aragón, que "refuerza la prevención y la tranquilidad en pequeños municipios", destaca la instituación provincial.
El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha visitado la localidad monegrina de Huerto donde se van a instalar un total de 19 cámaras de videovigilancia entre la población y sus pedanías. Claver ha destacado que “con este Plan de Seguridad Rural, la Diputación consolida una línea de apoyo específicamente pensada para el ámbito rural, orientada a reforzar la prevención, proteger a vecinos y negocios y contribuir a que los municipios sean más activos, vivos y dinámicos, reforzando un pilar que, para la institución, resulta básico para el futuro de la provincia”.
Por su parte el alcalde de Huerto, José Ignacio Asín, ha señalado que en el municipio se han sufrido ya "muchos robos. Sobre todo en naves agrícolas y casetas de aperos pero también, hace poco, en una vivienda de una de nuestras pedanías. Por eso la instalación de estas cámaras -ha afirmado- nos da mucha tranquilidad. Somos un pueblo en el que vivimos muy pocas personas y ahora nos sentiremos más seguros”.
En los últimos dos años, la Diputación Provincial de Huesca ha impulsado la colocación de 270 cámaras de videovigilancia en pueblos de la provincia con el objetivo de "mejorar la seguridad en el medio rural y contribuir a la prevención de delitos, faltas e infracciones relacionadas con la seguridad pública", señala.
En 2024 el Plan llegó a 11 municipios con la instalación de 58 sistemas de videovigilancia y una inversión de 100.000 euros. En 2025 y tras el interés suscitado por la primera convocatoria, la Diputación triplicó esa inversión llegando a 38 localidades y poniendo en marcha 212 cámaras. Entre ambas convocatorias, la Diputación ha recibido más de 130 solicitudes para instalar este tipo de sistemas de seguridad.
La DPH recuerda que solo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pueden acceder al visionado y tratamiento de las imágenes, y que los ayuntamientos deben seguir el procedimiento establecido para su autorización.