El secretario de la mesa de contratación de las obras de Belate, el oscense Lorenzo Serena, ha establecido tres irregularidades en el proceso de adjudicación: la primera, la falta de motivación de las valoraciones (esto es, "un acto arbitrario"), la segunda la diferencia de valoración en un órgano colegiado en el que el presidente conocía antes de votar el sentido de los otros siete miembros; y la tercera la solvencia técnica y profesional. En su comparecencia en el Senado, ha asegurado que su traslado a una nave industrial tras su voto discrepante ha sido calificado como "represalia" por la Oficina de Buenas Prácticas y contra la Corrupción que he exigido su restitución a su puesto y centro de trabajo.
Serena, extraordinariamente prudente y profesional en la comisión por el Caso Delorme que afecta a Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán, ha respondido pacientemente durante casi dos horas y media a las preguntas de los representantes de UPN, VOX, Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, PSOE y Partido Popular sin separar un centímetro sus intervenciones de su papel como vocal secretario de la Mesa de Contratación del desdoblamiento de los túneles de Belate cuyo montante era de 76 millones de euros, uno de los principales contratos en Navarra en los últimos años.
José Manuel Balseiro, senador por Lugo del Partido Popular, ha iniciado con una contextualización sobre la considerada por muchos la mayor obra pública en Navarra y sobre cuyo proceso de contratación fue "usted testigo directo". Ha reconocido los 29 años al servicio y "le llamamos a usted como secretario". Apuntan a un "dedazo" y usted contribuyó a "poner en evidencia y a denunciar en esa mesa". "Presentaron unos inusuales votos discrepantes".
"Usted tuvo la valentía de poner en evidencia esas irregularidades", la actuación de forma arbitraria y con un "proceso viciado. Fue todo un acto de coraje y un desafío", por lo que "tomaron contra usted represalias, le castigaron". Tras confiar en su colaboración, ha preguntado por el proceso de contratación de esta obra.
Lorenzo Serena, que por cierto hoy cumple años, ha recordado que la valoración técnica la hacen los profesionales con conocimientos en materia de ingeniería. Y siempre ha distinguido la cuestión personal de la profesional. "Parece ser que en este caso no se ha logrado con alguno. La cuestión es puramente de forma jurídica". Ha asegurado que, si no se motiva la valoración técnica, eso se "llama un acto arbitrario". Fueron "razones básicas y elementales que se reflejaron en las discrepancias". Y también, en un órgano colegiado, la diferencia del valor entre los miembros de la mesa y el presidente. El tercer asunto en discordia fue el de la solvencia, aunque la mesa no conoce la participación o accionariado de las empresas (en la alusión de Serbinabar).
A las pregunta de Balseiro sobre los rumores previos a la Mesa sobre la intención de adjudicar a una de las concurrentes (la UTE Acciona-Servinabar-Excavaciones Fermín Osés), "consta en acta, la firmamos los ocho miembros". Ha reconocido que los tres discrepantes no dependen del órgano contratante. Y que son infrecuentes los votos contrarios, "he hecho ocho o nueve en toda mi vida profesional".
"Para tres miembres sí, para cinco no", la valoración fue determinante para el resultado de la adjudicación. Sobre la falta de imparcialidad, se basa en que "votó el presidente conociendo las valoraciones de los vocales técnicos de la mesa". ¿Es regular? preguntaba Balseiro. "Hice constar en acta que para mí viciaba el procedimiento" que había de garantizar que todas las posiciones tuvieran el mismo peso.
El senador preguntó por las valoraciones de la UTE que quedaba segundo, ante lo cual el jurista oscense estimaba que, por la propia cuestión homogénea de la propuesta económica, aportaba mayor trascendencia a la valoración.
"Vicios, irregularidades procedimentales y de competencia que, según las valoraciones reflejadas en las actas, invalidan el procedimiento", ha sentenciado el vocal secretario.
El senador Balseiro ha apelado a la reforma "al menos para mí discutible" de la jubilación de Jesús Polo Soriano, que se ha prorrogado tres años. La edad máxima es de los 70 años, pero en Navarra se ha alterado esa ley básica estatal. Polo Soriano ha presidido la mesa de contratación.
Serena ha reconocido que el director general de Carreteras reunió a los discrepantes para reconducir la situación, pero ha negado conocer al consejero Óscar Chivite.
Balseiro se ha adentrado en las "auténticas represalias" como afirmó la Oficina de Buenas Prácticas y contra la Corrupción por el traslado de centro de trabajo. "Yo he participado en un concurso de traslado que provenía en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente", afirmaba Serena, pero decidió irse a otro departamento y seleccionó varias vacantes. "Me adjudicaron el último" y denunció que empeoraban sus condiciones. Un informe atendió su apelación. "He estado una semana en una nave industrial, sí". Al preguntarle por las instalaciones, "se accedía por una puerta metálica, no tenía dónde fichar, estaban mis compañeros vigilantes de carreteras. Tenía un despachito debajo de una escalera. Una mesa, una silla, un ordenador". Tras la resolución, le pidieron perdón, aunque ha admitido que no le parecía un error. Ya está en su puesto correspondiente.
UPN, VOX y UXÚE BARCOS
A preguntas de María Mar Caballero, de Unión del Pueblo Navarro, ha explicitado que dos empresas tenían una sancióin de 2 millones de euros de la CNMV pendientes de un recurso a la Audiencia Nacional, por prácticas como reunirse semanalmente. De ahí se pasaban a abrir el sobre 2 de los criterios técnicos. Ha aducido que la Cámara de Comptos, en el informe general de 2023, ha pedido que se especifique un poco más: "Si es un órgano colegiado, vale lo mismo la del presidente que cualquier local. Pueden reunirse y marcar pautas siempre que no vulneren el condicionado. En este caso, cuando se recibió el primer informe de valoración, se comentaba que no había sido así". Al no reunirse, se entrecruzaban correos electrónicos. "Al parecer, de forma sorpresiva para nosotros, los vocales marcaban sus valoraciones y, él a la vista, hacía la suya. Y volteó" el sentido de la adjudicación.
Los tres discrepantes, ha añadido, preguntaban por qué se valoraba más a la finalmente adjudicataria, dentro de la discrecionalidad jurídica que en cualquier caso está sometida a determinadas condiciones. "Pedíamos dar razón de las actuaciones mínimamente. Había un rumor de que se la iba a llevar una empresa y yo sostenía que esa empresa tenía derecho a que se razonase" para ser objetivos. "Era un derecho de esa empresa, de las otras que concurrían y de los ciudadanos". Todos los informes eran firmados por el presidente, Polo Soriano.
El vocal secretario ha reconocido que había comentarios. "Sé que el presidente de la Mesa comentaba con sus superiores". Y ha asegurado que "el consejero estaba al tanto. Se retrasó meses y meses. Se preveía antes de San Fermín y se adjudicó el día después de Navidad". Sobre la afirmación por la mañana de Óscar Chivite de que todos firmaban el acta y estaban de acuerdo, ha reconocido que la suscribían, pero en la parte "de valoración técnica no la puedo firmar".
Sobre el hecho de que los tres juristas vayan por un lado y los técnicos por otro, ha afirmado que se "cuentan con los dedos de una mano" los procedimientos con votos discrepantes.
Lorenzo Serena ha dicho que se dirigió al Parlamento de Navarra ante las "faltas de respeto" cuando se aseguró en sede parlamentaria que tenían afán de protagonismo. Ha aclarado las funciones del interventor y el secretario que verifican que el procedimiento se sigue. "El Derecho no tiene color público, es aplicar una norma y ver qué órgano es competente y se cumplan unos procesos y unos plazos. En la medida que no se respeta, puede haber nulidades o aulabilidades", que sólo puede decidir un juez. El vocal secretario envió dos escritos con indicios.
Sobre la reubicación en unas naves en el Polígono Landaben de Pamplona, "ya lo ha valorado la Oficina Anticorrupción", a lo que la senadora Caballero ha replicado que "le han mandado restituirle". Serena Puig ha respondido a la afirmación del portavoz del Gobierno de Navarra de que la institución puede autoorganizarse, que demuestra "que tienen muy poco conocimiento" porque le enviaron a un puesto de conservación de carreteras cuando su puesto está en explotación de carreteras.
A la pregunta del senador Ángel Gordillo (VOX) sobre los rumores sobre la intención de adjudicar a Acciona-Servinabar-Excavaciones Fermín Osés, ha afirmado que cinco de los ocho vocales expusieron que les habían llegado a sus oídos.
"Las irregularidades que apuntamos fueron falta de motivación de las puntuaciones, los certificados que presentaron, que fue infantil porque pidió acreditar el certificado del responsable de la obra, y que algunos ni valían", como uno que había dirigido minas en Chile u otro en un tramo en Caldearenas, por el que preguntó Serena a Rafael López Guarga, que "es una institución" en materia de carreteras, ha explicitado en su condición de oscense.
Uxue Barcos, de Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, le ha preguntado si el proceso está viciado de nulidad. Y Serena ha reiterado que "sólo un juez puede" revertir un "acto viciado". Al no haber una acción popular, "estamos en manos de los implicados y del Gobierno".
"Es una licitación en las que las empresas saben perfectamente que la oferta económica no vale para nada. Si se les dice al 15 % la baja, es el 15, si al 20 es el 20. De ahí que pedíamos que hicieron una mínima motivación. Como existía el nubarrón de que podía estar dada de antemano, les pedimos que hicieran ese esfuerzo y lo hicieron, pero tres personas no estábamos de acuerdo en la motivación y cinco sí. Y luego estaba lo de la solvencia", ha replicado a la senadora. "Una irregularidad jurídica es una ilegalidad. El deber de motivar está en la ley".
SENADOR REMÍREZ (PSOE)
El senador Javier Remírez Apesteguía (PSOE) ha preguntado a Serena si tenía alguna relación con algún senador. "No he hablado en mi vida con ningún parlamentario foral", y ha habido un murmullo en desaprobación al interrogante del socialista. "He trabajado con consejeros de todos los colores, de UPN, del PP, de Geroa Bai y varios del PSOE. Desde el 2004 han pasado gobiernos de todos los colores".
Remírez ha cuestionado sobre temas legales y Serena ha afirmado que lo primero que tienen que verificar es la necesidad de adjudicación. En el caso del Gobierno de Navarra, el Plan de Carreteras es el que enmarca estas realizaciones. En el primer informe, hubo una valoración negativa de la contratación de una dirección externa al estimar que no era imprescindible. "De lo que se trata es de que se adjudique la obra conforme a la ley".
Ha enumerado Serena los dos votos particulares en la valoración de las ofertas y la acreditación de la solvencia técnica y profesional.
Preguntado por Jesús Polo Soriano, director del Servicio, ha reconocido que ha tenido discrepancias en algunas mesas de contratación, al igual que con otros directores. Y, "aunque gracias a Dios no son frecuentes, sí que existen votos discrepantes".
Ha afirmado que fue a su despacho el director general de Obras Públicas, pidiendo que no se filtraran las cuestiones, pero ha asegurado que no recibió ninguna instrucción.
También ha aludido a la firma de la adjudicación el 26 de diciembre, "cuando el departamento estaba el cuadro" y desde octubre no había habido ninguna intervención de la mesa, una resolución que no habla de los votos particulares. Faltaba esa información para quien pudiera recurrirlo por vía administrativa. "En la parte expositiva no se mencionan los votos particulares".
Remírez Apesteguía le preguntaba sobre informaciones periodísticas que hablaban de "adjudicación a dedo". Pidió a El Diario de Navarra que rectificasen esa expresión. "A mí me repele estar aquí. Y el salir en prensa no me agrada lo más mínimo". El consejero le pidió explicaciones de qué había dicho "o dejado de decir".
Remírez Apesteguía ha abundado para acabar que los votos particulares no acarrean suspensión, que pudieron expresar sus discrepancias, que el expediente fue sometido a auditoría en el informe de la Cámara de Comptos, y que el Gobierno de Navarra ya está mejorando los procesos. "En conclusión, que el proceso de las obras de adjudicación han cumplido con la legalidad vigente, no se han detectado irregularidades y que ha de afrontarse con rigor y evitando especulaciones. Por UPN y PP se ha utilizado como arma arrojadiza". Y ha concluido recordando que el Gobierno de Navarra se ha querido personar como acusación particular, rechazado por el magistrado porque ninguna cuestión que afecta al ejecutivo está siendo sometido a investigación.
Lorenzo Serena ha afirmado que "un reparo no suspensivo no significa que no sea un reparo", algo que decide el interventor. Y en el informe de la Cámara de Comptos reconoce que no se le envió el informe completo.