Rahma El Achab, de 61 años y natural de Tánger, ha recibido este jueves la noticia que llevaba años esperando: el desahucio de la vivienda en la que reside desde hace dos décadas ha quedado paralizado. La resolución judicial ha llegado cuando apenas faltaban unas horas para el lanzamiento, previsto para este viernes, y ha detenido temporalmente la posibilidad de que se quedara en la calle.
Durante estos veinte años, ha abonado más de 170.000 euros en concepto de alquiler y ha asumido personalmente los gastos de mantenimiento y pintura del inmueble. Sin embargo, un complejo proceso bancario y judicial la ha situado al borde de perder su hogar, hasta que la intervención de su abogada, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el apoyo de los servicios sociales ha permitido frenar la ejecución.
La mañana de este jueves ha transcurrido entre el malestar físico, la angustia y la espera de una resolución que podía cambiarlo todo. Rahma ha pasado horas pendiente de las gestiones judiciales, sin saber si tendría que abandonar la casa en la que ha construido su vida. La incertidumbre acumulada durante cinco años ha convertido esas horas en una experiencia especialmente dolorosa. "Estaba esperando con un dolor de estómago, con sofocos, con dolor de cuerpo. No te puedo contar lo que he sufrido esta mañana", ha explicado al recordar los momentos previos a conocer la decisión.
La llamada de Antonia, integrante de la PAH, le ha confirmado que la jueza había aceptado suspender el lanzamiento. La noticia ha desencadenado una reacción en la que se han mezclado el llanto, la alegría y el temor a que la solución no sea definitiva. Después de tantos años viviendo bajo la amenaza de tener que marcharse, Rahma ha encontrado por primera vez un respiro en una jornada que había comenzado con el miedo a perderlo todo.
"He sentido una mezcla de alegría, de miedo y de paz. No sabía si reír o no, pero sentía que mi vida, que antes parecía que se iba a parar, volvía a respirar", ha relatado.
Fundida en un abrazo con la activista, le ha expresado su gratitud inmediata: "Gracias Antonia, ya no me van a disociar". Para Rahma, la suspensión dictada hoy por el juzgado ha supuesto un punto de inflexión y una razón para recuperar la esperanza, aunque el procedimiento aún no haya concluido. "Eso que ha pasado es un milagro, un milagro de verdad".
Tras conocer la resolución, Rahma ha ido a buscar a sus nietos al colegio y los ha llevado al parque. Después de días de angustia, ha querido compartir con ellos ese primer momento de alivio, salir de casa y recuperar, aunque sea por unas horas, la posibilidad de disfrutar de algo tan sencillo como estar juntos sin la amenaza inmediata del desalojo.
"Qué paz, de verdad es una paz", ha reiterado. La resolución no ha terminado con el procedimiento ni garantiza que pueda quedarse definitivamente en la vivienda, pero ha interrumpido la cuenta atrás que amenazaba con cambiar de manera inmediata la vida de toda la familia.
MÁS DE 27 AÑOS EN ESPAÑA
Rahma llegó a España en 1999 procedente de Tánger, en Marruecos, con el propósito de ofrecer mejores oportunidades a sus tres hijos y costear el tratamiento del asma del mayor. A lo largo de su trayectoria laboral en la provincia de Huesca, ha trabajado en la Clínica Santiago, en la Diputación Provincial de Huesca, en el Colegio San Vicente, y en el cuidado de personas mayores en Torralba de Aragón y Huesca.
Su arraigo se ha construido a través del trabajo y de las relaciones personales que ha establecido durante años. La voluntad de conservar la vivienda está ligada a esa trayectoria y al deseo de permanecer en la ciudad en la que ha desarrollado su vida. "Yo soy amiga de mis amigas y vecina de mis vecinos. En todos los sitios he trabajado honradamente y he dejado mi sitio limpio", ha afirmado con orgullo.
En esa casa, Rahma ha pagado el alquiler durante dos décadas, ha cuidado del inmueble y ha visto crecer a su familia. La posibilidad de perderla no significa únicamente buscar otro lugar donde vivir. Supone dejar atrás el espacio en el que se ha desarrollado su vida cotidiana y en el que sus nietos han crecido. Por eso, la resolución judicial ha tenido para Rahma un alcance que va más allá del aplazamiento de una fecha.
El calvario comenzó hace cinco años, cuando Rahma recibió una primera orden urgente que le concedía diez días para abandonar la vivienda. La noticia desencadenó una noche de nervios y preparativos en la que sus familiares tuvieron que ayudarla a empaquetar sus pertenencias y vaciar las habitaciones. La ansiedad y la depresión agravaron aquella experiencia, que marcó el inicio de un periodo prolongado de inseguridad residencial.
Desde aquel primer aviso, la precariedad marcó la vida cotidiana de la familia. "Llevamos 5 años de cajas, sacamos ropa de verano de caja, la volvemos a guardar en la caja... mis nietos crecieron encima de un colchón", ha recordado. "Estábamos viviendo como en una chabola".
EL LABERINTO BANCARIO
El problema se originó en la sucesión de propietarios y gestores del inmueble. La vivienda, arrendada inicialmente por un particular, pasó por cuatro manos antes de quedar embargada por entidades financieras tras la crisis inmobiliaria de 2008. Los sucesivos cambios generaron dificultades para determinar a quién debía abonar Rahma las mensualidades y cómo podía dejar constancia de los pagos.
Ante esa incertidumbre, acudió al juzgado para solicitar una cuenta en la que consignar el alquiler. Su intención era continuar cumpliendo con sus obligaciones y evitar cualquier interpretación de que ocupaba la casa sin pagar. En el proceso se vio afectada por los requerimientos de distintas entidades.
Aunque Rahma asegura que formalizó los contratos y realizó puntualmente las transferencias, una nueva entidad adquirió la propiedad y la demandó para recuperar el inmueble. La reclamación incluía siete mensualidades que consideraba impagadas. La familia presentó los contratos y los justificantes bancarios, pero el procedimiento concluyó con una sentencia que ordenaba el desalojo.
Con la resolución judicial en contra, Rahma quedó expuesta a perder la casa en la que había vivido durante veinte años. Mientras intentaba acreditar los abonos efectuados y esclarecer las circunstancias de la reclamación, buscó otra vivienda en Huesca, sin encontrar una alternativa que le permitiera afrontar la salida.
LA ÚLTIMA ESPERANZA
La búsqueda de otra morada resultó infructuosa. Rahma llegó a buscar locales y trasteros ante la imposibilidad de encontrar un alquiler que le permitiera seguir en la ciudad. Su familia intentó entonces una salida distinta: su cuñado, médico de profesión, se ofreció a financiar la compra del inmueble mediante una hipoteca para garantizarle un techo.
La propuesta tenía en cuenta su situación económica, ya que percibe el subsidio para mayores de 52 años, y sus problemas de salud mental. La familia llegó a negociar precios y condiciones con la gestora inmobiliaria, pero la operación se frustró cuando esta se retractó. El desahucio volvió a quedar señalado para mediados de octubre.
La víspera del lanzamiento, Rahma tomó una decisión. Después de cinco años de incertidumbre y de haber tenido que empaquetar sus pertenencias en otras ocasiones, no quería volver a preparar las maletas antes de conocer el desenlace. La posibilidad de abandonar la casa sin saber dónde ir había terminado por situarla ante una disyuntiva que no quería afrontar. "Si me salva Dios, me quedo. Si no me salva, saldré con la camisa que llevo puesta", se dijo a sí misma.
Este jueves, a las ocho de la mañana, las gestiones han permitido que la jueza suspendiera la ejecución. La letrada había solicitado la paralización al amparo del decreto Maricarmen, cuya entrada en vigor ha abierto una vía para pedir la suspensión de lanzamientos en determinadas situaciones de vulnerabilidad. La decisión judicial ha evitado que Rahma tenga que abandonar la vivienda este viernes y constituye, según la Plataforma de Vivienda de Huesca, el primer desahucio paralizado en la ciudad al amparo de esta norma.
Este jueves, Rahma ha podido volver al parque con sus nietos y disfrutar de unas horas de tranquilidad. La amenaza no ha desaparecido por completo, pero la resolución judicial ha detenido el desenlace que temía y ha abierto una oportunidad para intentar conservar la casa en la que ha vivido durante dos décadas.