El Sindicato de abogados y procuradores Venia ha interpuesto acciones legales contra el Estado Español ante la Unión Europea, por infracción del Art 28 de la Carta de Derechos fundamentales de la UE. En la denuncia se pone de manifiesto cómo, desde el Ministerio de Justicia, se ha intentado boicotear la huelga legalmente convocada por el Sindicato Venia de Abogados y procuradores, y comunicada a la autoridad laboral.
El sindicato que representa en Huesca el letrado Jorge Piedrafita afirma que, al solicitar la fijación de servicios mínimos, el Ministerio de Justicia se encargó de difundir a Colegios de Abogados y Procuradores un documento consistente en un informe jurídico de la Abogacía del Estado REGES 1168/2028, que expresa que la huelga convocada es ilegal (no amparada en Derecho) porque ni abogados ni procuradores tienen derecho a la huelga.
Significa el sindicato que, desde un órgano del Estado, se ha obstaculizado el ejercicio del derecho fundamental a la huelga, lo que ha provocado en algunas zonas del territorio español la disuasión y merma del seguimiento. El objetivo de desactivación práctica de la huelga, unido a la desacreditación del sindicato (legalmente reconocido e inscrito) fue iniciado por el Ministerio y seguido por innumerables instituciones, tales como Consejerías de Justicia de Comunidades Autónomas, Colegios de Abogados, Tribunales Superiores de justicia e incluso el Tribunal Constitucional.
"Resulta increíble que todos esos organismos no sean conocedores de las vías procesales oportunas para la declaración ilegal de una huelga, y que, lejos de esos procedimientos, hayan iniciado vías de hecho vulnerando derechos fundamentales de miles de abogados", afirma Venia.
Las comunicaciones realizadas por los Colegios de Abogados y de procuradores y del Consejo General de la Abogacía Española a través incluso de la emisión de informes negando la existencia del derecho a huelga habrían generado temor en los abogados a hacer uso de ese derecho fundamental ante el miedo a posibles sanciones disciplinarias, asegura el sindicato.
Estas circunstancias, unidas a la existencia de resoluciones judiciales denegando la suspensión de actos procesales en base a la negativa del derecho a la huelga de abogados y procuradores, "denotan la inexistencia de independencia del poder judicial, demostrando en la práctica que algunos órganos siguen las directrices del poder ejecutivo".
"Queremos destacar que lo que se denuncia no es la falta de derecho, cuya existencia es evidente y expresamente reconocida en el artículo 28 de nuestra carta magna, sino la actividad impeditiva al ejercicio del derecho por parte de órganos del poder ejecutivo y de algunos órganos del poder judicial que incluso se han atrevido a dictar circulares e instrucciones en ese sentido (véase la Circular del TSJ de Murcia)".
España, concluye Venia, se constituye en Estado Social y democrático de Derecho, que sin embargo, "niega el ejercicio de un derecho fundamental a todo un colectivo de profesionales (abogados y procuradores del turno de oficio) que trabajan en condiciones indignas". Por todo ello, y más que nunca, "hoy más que nunca es necesario manifestarse".