Los sindicatos de enseñanza han protagonizado este martes concentraciones simultáneas ante todos los colegios e institutos de la provincia para reclamar la paralización de los nuevos acuerdos de financiación con entidades privadas.
Los representantes sindicales se han reunido frente al IES Pirámide de Huesca, donde, a las 11:15 horas, se han sumado docentes del propio centro a esta campaña “El dinero público para la educación pública – No al concierto educativo”, impulsada por CGT, CCOO, HUSTE-STEA, UGT y ANPE.
Durante el acto ante el Instituto Pirámide se ha leído un manifiesto en el que han expresado su oposición rotunda a la decisión del Gobierno de Aragón de ampliar los conciertos educativos a las etapas de Bachillerato, Formación Profesional y educación infantil de 0 a 3 años.
Como parte de su calendario de protestas, los sindicatos han comunicado nuevas acciones conjuntas si el Gobierno mantiene su decisión, que se llevarán a cabo en los centros educativos los martes 4 y 11 de noviembre, en el horario que cada institución determine, y una movilización general el martes 11 de noviembre a las 18:00 horas en la Plaza de Navarra de Huesca.
Las organizaciones convocantes han denunciado en el manifiesto que esta medida supone “un ataque directo a la Escuela Pública y a sus principios de equidad, justicia social y universalidad”.
En su declaración, las entidades sindicales han recordado que los fondos públicos deben destinarse a reforzar el sistema educativo estatal, garante de una enseñanza gratuita, inclusiva y de calidad para todo el alumnado, sin distinciones sociales ni económicas. Han advertido de que financiar etapas no obligatorias mediante conciertos supone desviar recursos esenciales, que deberían emplearse en reducir ratios, modernizar infraestructuras y aumentar la plantilla docente.L
Los portavoces han señalado que no existe una carencia real de plazas en los centros públicos aragoneses, pues muchos institutos y escuelas infantiles cuentan con vacantes suficientes para atender la demanda. Por ello, consideran injustificable emplear dinero público en entidades privadas mientras la red pública necesita inversión y refuerzo estructural. Además, han alertado de que esta medida podría provocar cierres de aulas, recortes de especialidades y desplazamientos forzosos de profesorado, con un impacto severo sobre la estabilidad del cuerpo docente.
Las organizaciones convocantes han exigido al Ejecutivo autonómico la retirada inmediata de las medidas anunciadas y la apertura de un diálogo efectivo y participativo que permita abordar las necesidades del sistema educativo desde una perspectiva democrática, cohesionadora e inclusiva. Según han subrayado en el manifiesto, “la defensa de la enseñanza pública constituye una obligación ética y constitucional”.