Pocas veces el lugar escogido para una protesta de este tipo es más oportuno: la plaza Concepción Arenal. Su figura y el hecho de que en este lugar estuviera ubicada la cárcel de Huesca, hace no tanto tiempo, la convierten en el escenario idóneo para la acción solidaria que ha tenido lugar esta tarde de miércoles.
Convocada por la sección local de Amnistía Internacional, ha consistido en la redacción y envío de cartas postales con los mejores ánimos para una puesta de libertad inmediata y el esclarecimiento de todas las circunstancias que han rodeado este caso.
Como la organización convocante expresó, desde el principio de este asunto, "El derecho a la protesta está garantizado por el derecho de libertad de expresión y de reunión pacífica." Todas las personas deben poder movilizarse pacíficamente y hacer oír su voz con seguridad y sin miedo a represalias. Sin embargo, gobiernos de todo el mundo tratan la protesta como una amenaza. También en el Estado español. Esto es lo que les sucedió a seis jóvenes en 2019 en Zaragoza. Fueron detenidos en una manifestación antifascista el 17 de enero de ese año, y su caso ha despertado una gran controversia y preocupación por el estado del derecho a la protesta en España.
Los hechos se remontan al 17 de enero de 2019. Unas 300 personas se congregaron para protestar en contra de un mitin de Vox en el Auditorio de Zaragoza, manifestando su rechazo a los discursos de odio. La situación se complicó cuando los manifestantes intentaron acercarse al Auditorio y la policía cargó contra ellos, golpeando con sus porras de forma reiterada a personas completamente inmóviles. Para eludir el uso de la fuerza ejercido por la policía y también como alternativa para poder llegar al Auditorio, el grueso de la manifestación accedió al cercano campus universitario de la Universidad de Zaragoza. Hubo disparos de pelotas de goma y lanzamiento de piedras a las fuerzas de seguridad. Posteriormente, se produjeron detenciones, si bien no ocurrieron en el momento de los enfrentamientos, sino horas después, en las inmediaciones del lugar.
La Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó a los seis jóvenes y, en enero de 2021, dictó una condena de seis años de cárcel para los cuatro mayores de edad, junto con una multa de 11.000 euros y un año de libertad vigilada para los dos menores.
En octubre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón endureció las condenas, elevando la pena de cárcel de los cuatro jóvenes a siete años. Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que finalmente, en febrero de 2024, dictó una sentencia de cuatro años y nueve meses de prisión para los cuatro jóvenes, junto con condenas económicas.
La sentencia del Tribunal Supremo ha sido vista por muchos ámbitos como desproporcionada e injusta. Amnistía Internacional ha señalado el caso de "Los 6 de Zaragoza" como una muestra del debilitamiento del derecho a la protesta en España en el informe “Derecho a la protesta en España: Siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España”. La organización ha destacado que en el juicio no se aportaron pruebas incriminatorias sólidas y que se juzgó el derecho mismo de manifestación, fundamental para cualquier democracia plena.