El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto aprobado por el Gobierno central para impulsar la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses del país, 14 ubicados en Aragón. El TS Tribunal Supremo da respuesta a la impugnación presentada por el Ejecutivo aragonés tras el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 29 de octubre de 2024.
El Gobierno de Aragón ha valorado positivamente la anulación del Real Decreto 662/2024, de 9 de julio, por el que se establecía el régimen al que debía estar sometida la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses. En la sentencia del Tribunal Supremo se han tenido en consideración los argumentos esgrimidos por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, que incidían en la obligatoriedad de establecer el trámite de consulta pública previa para la elaboración de disposiciones reglamentarias como la que era objeto del recurso. Asimismo, el Alto Tribunal ha estimado la legitimación del Ejecutivo autonómico para interponer el recurso judicial, amparado en sus competencias en materia energética y medioambiental, cuestión que pretendía negar el Gobierno central.
La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha mostrado su satisfacción por el fallo del Tribunal Supremo, que “estima todos los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para revertir una decisión política carente de razón”.
“Los aragoneses exigen al Gobierno de Aragón que les defienda ante aquellas decisiones que menoscaben sus derechos o que supongan un grave perjuicio para los ciudadanos de nuestro territorio. Y eso es exactamente lo que hemos hecho: ampararnos en la Justicia para frenar una medida que entendíamos que no tenía justificación y que se había materializado de forma errónea”, ha añadido.
También ha puesto en valor que el fallo del Tribunal Supremo coincide con una de las recomendaciones aprobadas por unanimidad en el pleno de las Cortes de Aragón como conclusión de la Comisión de Investigación sobre las Energías Renovables, en la que se instaba al Gobierno autonómico a no autorizar la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses de la comunidad ni tampoco en el Plan Energético de Aragón.