El Tribunal Supremo ha dado un paso que podría afectar a la aplicación del Real Decreto que regula el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. El alto tribunal estudiará si la norma es compatible con el Derecho de la Unión Europea y, antes de adoptar una decisión, ha abierto el trámite para valorar la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el órgano competente para interpretar la legislación comunitaria.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una providencia por la que concede a las partes un plazo de cinco días para formular alegaciones sobre la posible contradicción entre el Real Decreto y el ordenamiento jurídico europeo. Con esta decisión, el tribunal atiende el planteamiento realizado por el Gobierno de Aragón, que recurrió la norma y solicitó su suspensión cautelar al considerar que podría ser incompatible con el Derecho de la Unión Europea.
Si finalmente el Tribunal Supremo decidiera plantear la cuestión prejudicial, correspondería al TJUE determinar si la regulación española se ajusta a la normativa comunitaria. Durante la tramitación de ese procedimiento, la aplicación del Real Decreto quedaría suspendida, una medida que, según sostiene el Gobierno de Aragón, contribuiría a garantizar la seguridad jurídica del proceso y evitaría el riesgo de que España pudiera enfrentarse a un procedimiento sancionador o a un recurso por parte de las instituciones europeas o de otros Estados miembros.
La actuación judicial se enmarca en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, una iniciativa autorizada por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de abril. En ese recurso, el Ejecutivo autonómico solicitó expresamente la suspensión cautelar del Real Decreto, alegando como principal motivo su posible incompatibilidad con el Derecho europeo.
Dentro de la tramitación del procedimiento, la Sección Quinta, reunida en Pleno, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo celebró una vista oral en la que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón defendieron los argumentos que sustentan tanto la solicitud de suspensión cautelar como la conveniencia de acudir al mecanismo de la cuestión prejudicial.
La providencia dictada ahora abre un trámite de audiencia para que todas las partes personadas en el procedimiento, entre ellas la Abogacía del Estado, se pronuncien sobre la eventual vulneración del Derecho de la Unión Europea por parte del Real Decreto. Este paso constituye un requisito previo antes de que el Tribunal Supremo decida si remite el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin que ello suponga, por el momento, una resolución definitiva sobre el fondo del recurso.