La inquietud ha empezado a extenderse entre los transportistas rurales aragoneses después de que la federación del sector haya remitido una carta a todos los ayuntamientos advirtiendo de que la licitación del transporte escolar para 2026 “impide en la práctica” que autónomos y pequeñas empresas puedan concurrir.
La alerta ha llegado también a las asociaciones de padres, que han comenzado a difundir mensajes pidiendo apoyo y “hacer ruido” ante un posible cambio que, según denuncian, pondría en riesgo la continuidad del servicio tal y como se conoce en los pueblos.
En la misiva, firmada por el presidente de la Asociación de Autotaxi, Antonio Pascual Turmo, se detalla que el tamaño de los lotes y los requisitos económicos y técnicos dejan fuera a los profesionales que llevan años garantizando las rutas escolares.
Turmo advierte de que, si no pueden presentarse, desaparecerán otros servicios esenciales asociados, desde el transporte de mayores al hospital hasta los desplazamientos a compras o gestiones, además de los viajes nocturnos para jóvenes que en los últimos años han evitado accidentes al ofrecer una alternativa al vehículo privado.
El sector sostiene que la pérdida del transporte escolar supondría un golpe directo para muchos pueblos pequeños donde la movilidad depende de estos taxistas y pequeñas empresas que operan desde hace décadas.
EL TAXI SEGUIRÁ SIENDO NECESARIO
Por su parte, la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez, ya ha explicado este asunto en las Cortes. Fuentes de su departamento han señalado este miércoles que el taxi rural “va a seguir siendo necesario para el transporte escolar” y que la nueva licitación, con un importe total de 52 millones de euros, busca garantizar un servicio “estable, sostenible y con mayor seguridad jurídica”.
Educación defiende que la organización por lotes pretende mejorar la gestión de un servicio especialmente complejo en una comunidad dispersa como Aragón. Según las mismas fuentes, la licitación “no impide en absoluto que los taxistas puedan seguir prestando el servicio”, algo que ya han venido haciendo en cursos pasados en zonas rurales.
La novedad destacada es la posibilidad de subcontratar una parte de las rutas dentro de cada lote, siempre bajo condiciones estrictas, un mecanismo con el que el Ejecutivo autonómico considera que los taxistas seguirán siendo un actor imprescindible. La Administración subraya además que se permite concurrir en conjunto, crear UTE y que se limita el número máximo de lotes adjudicables a un mismo operador para evitar concentraciones y mantener la diversidad de empresas en el territorio.
Mientras tanto, los transportistas reclaman a los ayuntamientos que trasladen su preocupación al Gobierno de Aragón y solicitan una revisión del modelo antes de que quede definitivamente cerrado.