El proyecto de unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal a través del valle de Canal Roya ha sido incluido por Greenpeace entre los doce casos más graves de amenazas a la biodiversidad en España. La organización ecologista internacional lo recoge en su nuevo informe “Los otros Altri, o cómo las corporaciones amenazan la biodiversidad y las administraciones lo permiten”, presentado con motivo del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, que se celebra este sábado.
El documento compara este y otros proyectos con el polémico plan industrial de Altri en Galicia, convertido en símbolo de la movilización ciudadana frente a grandes iniciativas con alto impacto ambiental. Según Greenpeace, existen “muchos otros Altri” repartidos por todo el país, "impulsados por intereses corporativos y con la connivencia o pasividad de las administraciones públicas".
Entre los doce ejemplos seleccionados figuran, además de Canal Roya, el clúster de renovables del Maestrazgo (Teruel), la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat o el proyecto turístico Cuna del Alma en Adeje (Tenerife).
VALLE GLACIAR
En el caso de Canal Roya, Greenpeace advierte de que, aunque el Gobierno de Aragón ha dejado en suspenso la ejecución del proyecto tras la fuerte oposición social, ambiental y jurídica, “podría reactivarse o modificarse con futuras decisiones políticas”. Para evitarlo, reclama que el valle sea declarado Parque Natural de forma urgente.
Recuerda que el proyecto contempla la construcción de una telecabina de 4,3 kilómetros y 37 torres para conectar las tres estaciones de esquí del Pirineo aragonés, junto con una carretera de evacuación y dos estaciones intermedias. La organización advierte de que supondría “la urbanización de un valle glaciar sin alteraciones previas”, con afecciones directas sobre hábitats alpinos, turberas de alta montaña y especies amenazadas como la perdiz nival, el urogallo pirenaico o la trucha común.
El informe denuncia también que este tipo de actuaciones “se priorizan sobre la conservación de la naturaleza” y que en muchos casos “se financian con dinero público bajo la etiqueta de turismo sostenible, pese a su dudoso interés general".
Greenpeace subraya que el proyecto afectaría a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Alto Gállego y al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de Anayet-Partacua, ambos incluidos en la Red Natura 2000.
DEMANDAS
En el informe, Greenpeace plantea 17 medidas para frenar la pérdida de biodiversidad y reforzar la protección ambiental en España. Entre ellas, destacan la eliminación de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, la revisión de los procesos de evaluación de impacto ambiental, el mayor control sobre los lobbies y las puertas giratorias, y la aprobación de legislación contra el greenwashing.
La organización también reclama la protección efectiva de las áreas naturales, el cumplimiento de los planes de conservación de especies amenazadas y el apoyo a políticas rurales y agroecológicas. Además, insta al Gobierno a respaldar el Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la UE, que obliga a los Estados miembros a restaurar el 20 % de sus ecosistemas terrestres y marinos antes de 2030.