Valentia ha anunciado que emprenderá acciones legales para evitar la puesta en marcha de la planta de compostaje que la empresa pública Grhusa planea instalar a solo 195 metros del Centro Ignacio Claver, ubicado en Martillué. El centro, de carácter sociosanitario, está acreditado y concertado con el Gobierno de Aragón y atiende a 58 personas con discapacidad intelectual, 39 de las cuales residen allí.
Como primera medida, la fundación ha interpuesto un recurso de revisión en el que solicita la nulidad de la licencia provisional de obras concedida por el Ayuntamiento de Jaca a GRHUSA. Valentia argumenta que dicha licencia se otorgó sin contar con la preceptiva declaración de impacto ambiental del INAGA, requisito imprescindible antes de cualquier autorización de este tipo.
POBLACIÓN VULNERABLE
El recurso insiste en que la proximidad de la planta al Centro Ignacio Claver es incompatible con la protección de la salud y el bienestar de las personas que viven y trabajan en el complejo. Desde Valentia se recuerda que, pese a que el expediente administrativo señala que el núcleo habitado más próximo es Martillué —a unos 650 metros—, existen personas que viven a menos de 200 metros del punto previsto para la instalación.
Se trata, además, de un colectivo especialmente vulnerable, integrado por personas con discapacidad intelectual, TEA y otros trastornos del neurodesarrollo, cuya protección exige un nivel reforzado de garantías. Según la entidad, las emisiones propias de este tipo de plantas —olores, bioaerosoles, partículas y ruidos— pueden afectar gravemente a la calidad de vida de quienes se encuentran en un radio de hasta dos kilómetros.
A estos riesgos se suma el aumento del tráfico pesado en vías locales, con el consiguiente peligro de accidentes y atropellos, así como la posible contaminación del aire, del agua subterránea y del suelo, la proliferación de vectores y la degradación del entorno paisajístico.
FALTA DE INFORMACIÓN
Valentia ha expresado su malestar e incredulidad por la falta de comunicación institucional. “Resulta incomprensible que el Ayuntamiento de Jaca estuviera planteando una instalación de esta naturaleza en una ubicación tan sensible sin haber realizado ninguna comunicación a nuestra entidad”, ha declarado Lorenzo Torrente, presidente de Valentia.
La fundación señala que Grhusa omitió en su documentación cualquier referencia a la existencia del centro, pese a su proximidad al vertedero proyectado. “Estamos convencidos de que, si se hubieran tenido en cuenta desde el principio, se habrían explorado opciones más razonables para reconducir la situación”, añade Torrente.
Valentia recuerda que este conflicto revive una larga historia de discriminación, olvido e invisibilidad hacia las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
“No podemos comprender que, una vez más, estas personas sean los nuevos olvidados. Ni siquiera constan en las memorias presentadas”, lamenta el presidente de la entidad.
Las familias, que han luchado durante años por la dignidad y los derechos de sus seres queridos, anuncian que mantendrán la defensa legal y social hasta el final.
REUBICACIÓN
Finalmente, la fundación sostiene que, más allá de los aspectos legales y medioambientales, la ubicación elegida representa “un claro error social”. Valentia confía en que las administraciones implicadas encuentren una alternativa viable para situar la planta en un lugar más adecuado y respetuoso con las personas y el entorno.