La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha reafirmado este viernes la voluntad del Ejecutivo autonómico de implantar el bachillerato concertado el próximo curso y ha defendido que esta medida forma parte del compromiso político adquirido por el Gobierno de coalición de PP y Vox al inicio de la legislatura.
Vaquero se ha pronunciado sobre esta cuestión en una rueda de prensa celebrada tras al Consejo de Gobierno y después de que este jueves, en las Cortes de Aragón, se viviera una sesión marcada por la tensión y las protestas registradas desde la tribuna de invitados.
La dirigente autonómica ha lamentado las escenas vividas durante el pleno -se arrojaron desde los asientos de invitados unos papeles que defendían la educación pública- y ha pedido que cualquier debate sobre el modelo educativo se desarrolle “con total respeto” hacia las instituciones parlamentarias.
La vicepresidenta ha defendido que las Cortes representan “la casa de todos los aragoneses” y ha diferenciado entre quienes defendieron sus reivindicaciones “con educación y respeto” y quienes protagonizaron comportamientos que, a su juicio, no deberían repetirse.
En el plano político, Vaquero ha insistido en que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, dejó clara durante su comparecencia la legitimidad del Ejecutivo para impulsar esta medida educativa.
Según ha explicado, el bachillerato concertado figuraba expresamente en el programa político con el que PP y Vox concurrieron a las elecciones autonómicas y constituye uno de los compromisos asumidos por el actual Gobierno aragonés.
La vicepresidenta ha defendido además que esta iniciativa responde a una demanda de “miles de familias” aragonesas que desean mantener a sus hijos en el mismo centro educativo también durante la etapa de Bachillerato.
En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo pretende evitar que determinadas familias tengan que interrumpir la trayectoria académica de sus hijos por motivos económicos al finalizar la enseñanza obligatoria.
“Nos sentimos legitimados para ello”, ha afirmado Vaquero, quien ha sostenido que la medida busca reforzar la libertad de elección educativa y ampliar las oportunidades para el alumnado aragonés.
Respecto a la idea de que se implante con seguridad el próximo curso, la vicepresidenta ha asegurado que el propósito del Ejecutivo es “al cien por cien” sacar adelante esta medida.
No obstante, también ha reconocido que cualquier resolución de los tribunales podría acabar condicionando el calendario previsto.
“Siempre vamos a respetar cualquier decisión judicial”, ha señalado Vaquero al ser preguntada por la posible resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre el proceso de concertación.
La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno autonómico espera que los tiempos judiciales puedan alinearse con el objetivo político marcado por el Ejecutivo para el próximo curso académico.
Vaquero ha insistido en que el procedimiento impulsado por el Gobierno de Aragón se desarrolló con respaldo jurídico y conforme a los informes técnicos y administrativos correspondientes.
Además, ha recordado que otras comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas por el Partido Socialista, aplican ya modelos similares de concertación en Bachillerato.
La dirigente autonómica también ha rechazado las críticas de quienes consideran incompatible esta medida con el refuerzo de la enseñanza pública.
Según ha defendido, el Gobierno aragonés mantiene una apuesta clara por la educación pública, reflejada —ha dicho— en el incremento de las partidas destinadas a infraestructuras educativas, profesorado y mejoras retributivas. “Nunca un gobierno había apoyado tanto con presupuesto y financiación la educación pública”, ha asegurado.
Vaquero ha defendido un modelo educativo en el que convivan la enseñanza pública, concertada y privada, siempre que ello permita ampliar las posibilidades de elección de las familias.
“Todo cabe”, ha resumido la vicepresidenta, quien ha insistido en que el centro de la política educativa del Gobierno de Aragón son “las familias y los alumnos”.
La dirigente autonómica ha reiterado finalmente que el Ejecutivo seguirá adelante con la defensa política y jurídica del bachillerato concertado mientras continúe abierto el procedimiento judicial relacionado con su implantación.