Vecinos de Alcalá del Obispo han denunciado las molestias que, según afirman, vienen sufriendo desde hace años debido a la actividad de una empresa dedicada al almacenamiento de cereal situada dentro del casco urbano.
El conflicto gira en torno a una instalación con varias décadas de antigüedad que históricamente ha operado en el municipio y que en la actualidad forma parte de una empresa de ámbito multinacional.
Cada verano, coincidiendo con el almacenamiento del cereal, aparecían plagas de insectos, concretamente gorgojos, que afectaban especialmente a las viviendas colindantes.
Para acabar con las afecciones a la población, la empresa empezó a aplicar tratamientos preventivos con productos químicos y, para ello, durante años ha contado con la autorización expresa de los vecinos cercanos, dado que la medida implica el abandono temporal de las viviendas por razones de seguridad sanitaria.
Este año, sin embargo, parte del vecindario ha decidido no autorizar la fumigación, como había solicitado la empresa.
Vecinos afectados trasladaron una queja formal al Ayuntamiento, que, al no tener competencias directas en materia de sanidad o medio ambiente, ha optado por actuar como mediador.
Además, el consistorio ha solicitado documentación técnica a la empresa y ha remitido una petición a las autoridades sanitarias del Gobierno aragonés para que evalúen la situación sobre el terreno.
En paralelo, este lunes se celebró una reunión en la sede municipal entre representantes de la empresa (incluido un responsable regional de la multinacional), el equipo de gobierno local y dos vecinos del entorno más próximo a las instalaciones.
Durante el encuentro, que tuvo momentos de tensión, no se alcanzó un acuerdo. La empresa propuso volver a aplicar el tratamiento preventivo si se contaba con la autorización necesaria. Los vecinos, por su parte, manifestaron que no piensan dar el permiso que les obligaría a abandonar sus viviendas.
La solución, para algunos, sería que la empresa traslade la actividad a otro emplazamiento fuera del núcleo urbano.
El Ayuntamiento, que actuó únicamente como anfitrión de la reunión y no como parte negociadora, ha reiterado públicamente que no tiene potestad para ordenar el cierre ni el traslado de una empresa legalmente establecida, con licencia y registro sanitario en regla.
Insiste, además, en que cualquier medida deberá ser adoptada por Sanidad o Medio Ambiente.
Técnicos sanitarios ya acudieron el pasado año tras otra queja similar, aunque en aquella ocasión no se detectó la presencia de plaga activa, probablemente porque ya no quedaba cereal en el almacén.
La situación actual permanece sin resolución. Mientras algunos vecinos insisten en reclamar soluciones drásticas, otros no consideran la presencia de insectos como un motivo suficiente para forzar un cierre o traslado.
La empresa ha manifestado que está dispuesta a seguir aplicando el protocolo legal, pero necesita el consentimiento de los vecinos para intervenir.
El Ayuntamiento continuará recabando informes y actuará según determine la legalidad vigente, sin tomar partido ni anticipar decisiones que no estén dentro de sus competencias.