Los vecinos de las localidades oscenses de Salillas y Huerto continúan las protestas contra proyecto mejora del regadío de las comunidades de regantes X y XI del Canal del Flumen. Tras más de dos años y medio de oposición por diferentes vías, la movilización llegó este pasado viernes ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en Zaragoza, para reclamar a la CHE “que cumpla y haga cumplir la ley”.
Los afectados llevaron a cabo una manifestación y leyeron un manifiesto a través del que exigieron “el final de la invasión” de sus tierras “por parte del proyecto mejora del regadío de las comunidades de regantes X y XI del Canal del Flumen”. Explican que prevé la construcción de una toma en el Canal del Cinca y de dos grandes balsas en las inmediaciones del río Guatizalema y de la localidad de Salillas. También plantea dos grandes tuberías cuyo trazado discurre por las tierras de regadío de los afectados en paralelo al río Guatizalema durante varios kilómetros, para después cruzarlo y transcurrir por las cercanías de la localidad de Huerto hasta que finalmente, tras 12 kilómetros de recorrido, adentrarse en el perímetro de la zona regable beneficiaria.
“Los impactos y perjuicios que genera el proyecto en Salillas y en Huerto son múltiples, tal y como venimos denunciando desde hace tiempo, y constituyen una auténtica invasión territorial que resulta ser injustificada, porque, por un lado, el principal objetivo del proyecto es el ahorro de dinero en la factura eléctrica por parte del Sector XI del Canal del Flumen, junto con una modernización del Sector X que podría acometerse de otra manera”, señalan.
“Ahorrarse unos euros no puede justificar semejante agresión territorial -continúan-. Desde un punto de vista moral, la actitud de los regantes de los Sectores X y XI resulta simplemente inexplicable. No perdemos la esperanza, no obstante, de que los regantes de los Sectores X y XI dejen atrás su actitud hostil y se avengan a negociar soluciones y alternativas que puedan beneficiar a todas las partes en conflicto”.
Además, denuncian que el proyecto ha descartado alternativas menos agresivas y más económicas, como la “Alternativa 4”, que con el uso de tuberías de poliéster sería más barata y causaría menos impacto que la opción elegida. Además, critican que no se han considerado otras posibilidades, como cambiar el trazado por zonas de secano, usar energías renovables o ubicar las balsas en el Tozal de El Picón, lo que incluso beneficiaría a comunidades actualmente perjudicadas.
“Nos estamos manifestando delante de la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro porque queremos exigirle que cumpla la ley y que haga cumplir la ley”, señalan. “Percibimos en la actitud de esta institución que existe algún interés en apoyar e impulsar este proyecto tan conflictivo -afirman-. Las prisas para no perder la subvención europea están convirtiendo los procedimientos administrativos y las garantías legales y ambientales en obstáculos que se intentan esquivar de maneras presuntamente fraudulentas”.
Recuerdan que recientemente mantuvieron una reunión con responsables de la CHE, en la que les aseguraron que “no tenían nada que ver con el proyecto, que “venía de Madrid”. Esa misma tarde -continúan-, la Confederación publicó la autorización de la ejecución de las dos balsas en Salillas, contraviniendo, desde nuestro punto de vista, diversos artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico”, señalan.
En este sentido, denuncian que “el procedimiento administrativo está plagado de irregularidades, falta de cumplimiento de la normativa vigente y ausencia de garantías legales, lo que nos lleva a solicitar la nulidad de pleno derecho del expediente administrativo”. Asimismo, advierten de que van a estar “muy vigilantes de la actitud y de las resoluciones que adopte la CHE en relación con este proyecto” y se muestran dispuestos a llegar hasta el final en “la exigencia de responsabilidades hacia quienes conscientemente tomen decisiones injustas para favorecer a este proyecto, simplemente porque tiene padrinos importantes”. Un proyecto que califican de “técnicamente deficiente, legalmente fraudulento y moralmente indefendible”.