Venia exige a Bolaños soluciones inmediatas "al colapso de Ceuta" en el turno de oficio

Recuerda que es consecuencia de la ausencia del Estatus Jurídico del Profesional del Turno de Oficio reiteradamente reivindicado

DH
25 de Agosto de 2026
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Jorge Piedrafita, delegado de Venia.
Jorge Piedrafita, delegado de Venia.

El Sindicato de Abogados y Procuradores Venia exige al Ministerio de Justicia una dotación  extraordinaria y finalista que sea real e inmediata para el servicio público del turno de oficio de Ceuta, absolutamente desbordado y colapsado -tras la entrada masiva de personas por la frontera los días 30 y 31 de julio- en una situación límite que ha obligado al auxilio de los escasos abogados voluntarios disponibles y el ofrecimiento de ayuda de otros colegios de la abogacía de la península. 

El sindicato alerta de la preocupante y discriminatoria situación actual en que, dentro de una misma crisis, el Ministerio de Justicia (como administración competente directa en Ceuta en Justicia) dispensa un trato discriminatorio y desigual a los profesionales intervinientes en las intervenciones de emergencia urgente.

Estima que, lejos de aminorar el problema, lo "profundiza y cronifica en una situación del servicio de justicia que ya se encontraba a mínimos". Mientras por un lado el 5 de agosto, Justicia reforzó el Instituto de Medicina Legal de Ceuta incrementando 12 profesionales desplazados desde otros puntos nacionales con duración definida, se aumenta  tres fiscales sustitutos; por otro lado el servicio del turno de oficio se le estrecha con la escasez de cinco insuficientes efectivos más.

"Al forense de Toledo se le desplaza con alojamiento, abono adicional y un relevo garantizado, al abogado de guardia se le autoriza a trabajar más", resume la contradicción Venia, que propone la creación inmediata e indispensable de un turno de refuerzo estatal para cubrir esta insostenible situación con los adecuados desplazamientos, distribución y "definición de las cargas de trabajo costeados por un Ministerio que no puede seguir eludiendo su responsabilidad".

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Las diferencias se manifestan en la prestación del servicio. "A nadie se le ocurre llamar a un juez a las tres de la mañana pero el letrado está obligado a comparecer en un máximo de tres horas para salvaguardar los derechos fundamentales de la persona de inmediato, mucho antes de que el juzgado mueva un papel, que ya se tramitará en la puesta disposición dentro de las 72 horas legalmente establecidas en el horario de audiencia de la guardia del juzgado".

Explica Venia que, en contraposición a jueces, magistrados y fiscales, que tienen la guardia retribuida completa y mensualmente con derecho a una jornada de descanso o la compensación económica, el abogado del turno que carece de descanso, de poder cubrir los costes de la asistencia cuando exista subvención presupuestada para ello en la fecha discrecional que tenga a bien la administración tramitarlo, con la permanente obligación de atender sus plazos y señalamientos previos y los incrementados a raíz de su intervención de una guardia que se prolonga durante varios días "con una incompleta subvención que obliga siempre a poner tiempo y dinero al profesional que vocacionalmente lo realiza".

Venia discrepa frontalmente de la abogacía institucional que "parece que vive en una realidad independiente, imaginaria e inexistente". La dDecana del Colegio de la Abogacía de Ceuta ha reconocido que, "a pesar de un honorario escaso, cumplimos este servicio público de una forma eficaz, honrada y profesional", mientras desde el Consejo General de la Abogacía Española, sostenido con las cuotas de los propios colegiados, se subraya que "su compromiso con la garantía del derecho de defensa se hace especialmente evidente en momentos excepcionales como este". 

"El compromiso de los abogados siempre es incuestionable y objetivamente demostrado, siendo hora que se pasen de declaraciones a dotaciones por parte de Bolaños, que es buen conocedor de la fácil posibilidad de incrementar a los letrados del turno de oficio (falsos autónomos al servicio de la administración) de forma inmediata activando una partida económica de emergencia para subvencionar los costes mínimos de la primera fuerza de asistencia, aseguramiento y atención de las personas en el terreno en cumplimiento de la normativa europea e internacional. Frente a la complejidad estatutaria de movilizar e incrementar a personal laboral o funcionario conforme a la normativa estatutaria", agrega Venia.

En trincheras como la playa del Trampolín, añade, los compañeros de Ceuta no necesitan medallas: necesitan que se les cubran los costes de todo lo que hacen".

Es patente, estima el sindicato de abogados y procuradores, que el origen del problema está en la antigua ley de Justicia Gratuita que "a ningún ministro le ha interesado actualizar conforme a la problemática actual escuchando a los operadores sobre el terreno, con disparates vigentes como que el letrado está siempre obligado asistir de inmediato y será potestativa la indemnización posterior de los costes si el derecho se reconoce tras una burocracia casi imposible para cualquier justiciable".

Jorge Piedrafita, delegado de Venia, lanza un claro mensaje a Bolaños y el Gobierno español. "Ceuta requiere un plan de contingencia de turno de oficio inmediato con refuerzos reales, un presupuesto real que cubra todas las asistencias realizadas desde el 30 de julio para evitar que el colapso se sustente sobre las altruistas, admirables y abnegadas espaldas de los profesionales, que requieren de que se active la sencilla transferencia de medios antes de que el sistema explote por deliberadamente enredarse en complejas, calmosas ocurrencias, carentes de lo necesario para evitar la explosión total del sistema". Y concluye el letrado que "defender al que defiende es defender el Estado de Derecho".

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