El Ayuntamiento de Robres ha formalizado una batería de 12 alegaciones de oposición y solicitud de nulidad de pleno derecho contra el "Proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación" por la que se rediseñan las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en Aragón.
La corporación local estima inadmisible que se pretenda catalogar como "vulnerable" al 98,95% de la superficie total del municipio, imponiendo "un régimen coercitivo que arruinará el motor económico de la comarca sin ninguna justificación científica local".
La inquietud de Robres es perfectamente extensible a una buena parte del ámbito rural. El eje central de la denuncia del Ayuntamiento se dirige hacia el origen de esta normativa, que nace de una sanción europea y "se traslada de forma automática y severa a la comunidad autónoma".
El alcalde de Robres, Álvaro Domec, ha sido especialmente tajante al valorar las implicaciones de que la política agraria y ganadera se dicte a miles de kilómetros de las parcelas afectadas: “Esta regulación viene de una imposición directa de Europa que se le intenta colocar a la fuerza a Aragón".
La reacción del regidor robresino responde a una cuestión de fondo y forma, una queja hacia un modo de despotismo ilustrado europeo. "El hecho de que desde Bruselas, por parte de gente que no conoce nuestra tierra, no comprende nuestra climatología ni ha pisado jamás Los Monegros, se nos impongan sus dogmas ambientales, es un movimiento enormemente peligroso. Si consiguen implantar de forma definitiva todos sus sesgos ideológicos, el campo aragonés dejará de ser viable y perderemos por completo la identidad y el modelo productivo que nos hace diferentes", advierte el primer edil.La re
SÍNDROME DE LAS ZBE
L orden autonómica "adolece del mismo mal que ha provocado la reciente cascada de anulaciones judiciales de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) "en los núcleos urbanos de las grandes capitales españolas, costiene el consistorio. Domec lo define como un sesgo de asfixia regulatoria.
"En ambos escenarios, la Administración pública actúa cegada por presupuestos teóricos, implantando restricciones de extraordinaria gravedad sobre la actividad económica de los ciudadanos sin realizar una valoración empírica de la necesidad en cada municipio ni evaluar el impacto socioeconómico sobre los colectivos afectados. Es la plasmación del hábito de regular por regular; legislar desde una oficina pensando en los estándares de las capitales metropolitanas pero destruyendo el tejido agropecuario del que depende exclusivamente nuestra demografía".
La traslación a Robres incurre en contradicciones y "absurdos", como explica el concejo monegrino.
- Aguas en buen estado: Los registros oficiales de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) confirman que los puntos de monitoreo de Robres reflejan niveles de nitratos sistemáticamente por debajo de los umbrales de alerta.
- Escudo geológico natural: Robres se asienta sobre terrenos de arcillas, limos y yesos terciarios de bajísima permeabilidad, que funcionan como una barrera natural que incomunica los flujos superficiales de los acuíferos regionales.
- Nulidad por falta de estudio económico: El proyecto carece de un informe cuantificado y veraz sobre las pérdidas financieras que causará a los agricultores y ganaderos locales, un defecto procedimental que la jurisprudencia del Tribunal Supremo sanciona con la nulidad absoluta de la norma.
Las alegaciones también censuran el límite rígido de 170 kilos N/ha al año para fertilizantes de origen orgánico. En el regadío tecnificado de Robres, caracterizado por las dobles cosechas anuales (cebada y maíz), las necesidades de los cultivos superan esa cifra.
Al limitar el purín de las granjas de la zona -un recurso local, renovable y gratuito- , la norma obligará a los productores a comprar e importar abonos industriales de síntesis química. Una paradoja que no solo encarece los costes de explotación, sino que atenta contra los principios europeos de economía circular al sustituir el fertilizante natural por compuestos químicos de mayor lixiviación.
Con esta argumentación, el Ayuntamiento de Robres exige la exclusión total de su término municipal del mapa de zonas vulnerables. Asimismo, reclama transparencia institucional ante la sospecha de que esta presión regulatoria masiva sobre el sector primario local sea una maniobra encubierta para debilitar los derechos históricos de agua de riego.