Un proyecto ganadero en Barluenga del alcalde de Loporzano (al que pertenece el término), David Suelves, ha sido criticado por fuentes de la plataforma contra la planta de biogás al afirmar que multiplica las cabezas de porcino en el municipio, considerado zona vulnerable, a lo que el regidor replica que su iniciativa está siguiendo todos los trámites previstos por la legalidad y que resultará beneficioso para el sector primario del municipio, "los agricultores con los que he hablado me han expresado su apoyo porque puede ser beneficioso para fertilizar las fincas".
El proyecto, que está en fase de exposición pública en el Ayuntamiento de Loporzano, consiste en la creación de dos nuevas explotaciones porcinas en la pedanía de Barluenga, con una capacidad total de 14.000 plazas, una granja de 2.000 cerdos de engorde y otra de recría con 12.000 lechones. Los denunciantes afirman "que representaría una duplicación significativa de la capacidad ganadera del municipio, que en 2021 apenas contaba con 5.700 plazas en tres instalaciones".
El movimiento vecinal que rechaza la planta de biogás se ha enfocado en la oposición a "la expansión ganadera debido a los posibles impactos negativos de las instalaciones, como la emisión de olores, ruidos, el tráfico de camiones pesados y el consumo de agua. A los vecinos les preocupa que el número total de animales sea el verdadero motor de estos impactos, más que las granjas en sí. Según los datos proporcionados en el anuncio público, actualmente se ha abierto un periodo de 15 días naturales para la presentación de observaciones a los proyectos, antes de que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) emita la declaración de impacto ambiental favorable".
La plataforma llega más lejos cuando señala lo que califica de "aspecto técnico relevante: técnico relevante: las plantas han sido presentadas por separado para evitar un estudio de impacto medioambiental más exhaustivo. Este enfoque, similar al utilizado en otras iniciativas como el cluster de Maestrazgo, implica que las instalaciones sean consideradas como "actividades clasificadas" y no se sometan a un análisis conjunto que permita evaluar su verdadero impacto. De esta forma, el Ayuntamiento, liderado por el alcalde, será quien otorgue la aprobación final, sin la intervención del INAGA".
David Suelves, en ese sentido, rehúsa que se trate de un subterfugio para eludir un estudio de impacto más exigente, al indicar que el Inaga maneja unos parámetros precisos siempre y que se trata de un proyecto doble y, por tanto, diferenciado. "Medioambientalmente no va a tener repercusiones negativas, estamos en una zona vulnerable porque en su momento así se decidió y el ayuntamiento cumple escrupulosamente con la normativa. Este proyecto también. Mi dedicación profesional es la agricultura y ahora quiero dedicarme a la ganadería. La contaminación en este municipio llega más por los abonos químicos que por los fertilizantes orgánicos, y aquí exclusivamente se vive de la agricultura y de la ganadería. Los agricultores, de hecho, se van a beneficiar de los residuos que salgan de estas explotaciones".
El alcalde recuerda la extensión del municipio de Loporzano, 108 kilómetros con 14 pueblos, lo que disiparía la vulnerabilidad decretada. Y agrega que hay explotaciones de terneros, de pollos y de gallinas como la gran instalación de Interovo, que evidentemente general residuos orgánicos. "Al precio al que se pone todo, muchos agricultores ven una oportunidad en tener aquí fertilizantes naturales para sus tierras".
PLANTA DE BIOGÁS
Sobre el proyecto de la planta de biogás promovido por Catalana de Biogás, respaldado financieramente por Sinia Renovables y el Grupo Banco Sabadell, la paltaforma asegura que ha sido objeto de críticas por la falta de información y la preocupación de que su verdadero
propósito sea logístico, ya que se localiza cerca de un gasoducto para verter el metano producido. Vecinos del municipio "se han mostrado recelosos de que esta planta, junto con la explotación ganadera, pueda afectar negativamente a la zona".
Los vecinos cuestionan que el estudio de impacto medioambiental de la planta de biogás" sea realmente tan exhaustivo como dicen, ya que en Aragón los proyectos de este tipo, provenientes de otras comunidades autónomas, solo requieren estudios ambientales simples debido a una modificación reciente de la ley que favorece la atracción de capitales. Este tipo de iniciativas vendrían a resolver un problema que no existe en el municipio de Loporzano".