La Plataforma Huesca es Ganadería y Agricultura ha denunciado que "el Gobierno de España está vulnerando nuestros derechos de manifestación, nos quieren callados y sin derechos ni trabajo, el campo se muere, nuestros políticos lo dejan morir".
Se lamenta HEGA de que el jueves varios miembros de la plataforma y otros agricultores habían realizado correctamente las solicitudes de marchas lentas con tractores desde distintos pueblos de la provincia por carreteras nacionales, sin paradas ni entrar en las ciudades. "Tan solo unas horas después hemos recibido la resolución dictada por la Subdelegación del Gobierno en Huesca que prohibía su desarrollo, una resolución totalmente carente de fundamento y fuera de legalidad".
La solicitud, agrega HEGA, fue formulada con 5 días de antelación, siendo declarada urgente, "para poder unirnos a las otras convocatorias realizadas por nuestros compañeros de Cataluña". No se había realizado antes al no conocer las convocatorias de otraas plataformas.
La Subdelegación aduce en la prohibición que “las manifestaciones no están solicitadas dentro del plazo legalmente establecido, es decir entre 10 y 30 días previos, lo cual les imposibilita ejercer la finalidad preventiva que tiene encomendada para ponderar o valorar si el ejercicio del derecho repercutiría en la seguridad ciudadana”. Y por tanto entra a valorar la declaración de urgencia, "algo que no ha hecho en ninguna de las solicitudes presentadas con anterioridad, en ocasiones ha autorizado incluso de un día para otro. No entendemos el cambio de criterio que ha tenido, entendemos que 5 días es más que suficiente para poder emitir una autorización, aun más cuando en cuestión de horas han dictado una que prohíbe la realización de las manifestaciones solicitas".
"Se aprovecha el Gobierno una vez más de nuestra falta de conocimiento legal y nos intenta desgastar con el uso de la burocracia, no queremos que un juzgado nos dé la razón, no tenemos ni tiempo ni ganas de perder el tiempo"
"Se aprovecha el Gobierno una vez más de nuestra falta de conocimiento legal y nos intenta desgastar con el uso de la burocracia, no queremos que un juzgado nos dé la razón, no tenemos ni tiempo ni ganas de perder el tiempo. Además de tener que luchar por nuestros derechos tenemos que seguir trabajando, la mayoría de los que estamos en las manifestaciones somos autónomos que tenemos que seguir trabajando el campo", agrega HEGA
Esta prohibición, "además de ser un atentado contra la libertad del derecho de reunión, es prácticamente ilegal. No tiene en cuenta la Subdelegación del Gobierno en su prohibición que el único y válido motivo para prohibir el derecho de reunión es el que contiene la Ley Orgánica 9/1983, considerar que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes, situación que no se da, ni se ha dado en ninguna de las convocatorias realizadas por este colectivo. Por tanto, esta prohibición atiende a criterios puramente políticos carentes de fundamentos legales, además de usar las sanciones como represión para limitar nuestros derechos".