CCOO y UGT han denunciado que la empresa pública Grhusa mantiene bloqueada la renovación del convenio colectivo desde 2020, y avanza que "en breve" se van a convocar movilizaciones.
“Nos encontramos con una negociación bloqueada cinco años después de iniciarse. La empresa mantiene una actitud de pasividad y bloqueo inadmisible, no solo paraliza las negociaciones, sino que incumple de manera reiterada las condiciones establecidas en el último convenio colectivo y la normativa de prevención de riesgos laborales”, ponen de manifiesto los sindicatos.
Grhusa es la empresa pública más importante de Huesca con alrededor de 250 empleados y se encarga de la gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos en Jaca, Sabiñánigo y Huesca, la limpieza viaria de Huesca capital y Jaca, la gestión de los puntos limpios del Serrablo y de la Hoya de Huesca, la planta de transferencia de Bailín y Puente la Reina, así como la planta de tratamiento de residuos y vertedero de Fornillos de Apiés.
CCOO y UGT afirman que Grhusa utiliza una forma de negociar basada “en el desgaste: se reúnen, pero sin llegar a cerrar acuerdos, cuando volvemos a la mesa negociadora -señalan- cambian lo hablado en la anterior reunión, y pasan semanas hasta que “tienen hueco” en sus agendas para negociar convenio”. Consideran que se trata de “un desgaste injusto para los trabajadores y trabajadoras de Grhusa, que se dejan la piel todos los días en un trabajo muy duro y mal pagado”, agregan desde CCOO.
En un comunicado, ambos sindicatos denuncian que esta empresa pública “incumple sistemáticamente la compensación de la bolsa de horas, un mecanismo diseñado para gestionar el exceso de horas provocado por la mala gestión y organización de la jornada laboral y los servicios designados, que debería compensarse con descansos antes de finalizar el año”. Además, el comité intercentros ha solicitado en diversas ocasiones la actualización y compensación de esta bolsa y el registro horario de cada trabajador y “no han obtenido respuesta al respecto”, afirman.
“La creación de una bolsa de horas para regular los excesos de horas de la plantilla, Grhusa lo ha convertido en un sistema perverso en el que hemos llegado a constatar la desaparición de datos de los trabajadores, y del que no tenemos forma de tener una información real y verídica. Una situación injusta e inaceptable”, indican desde UGT. Ante esta situación, “tras cuatro años sin cumplir esta obligación”, el Comité de Empresa afirma que está evaluando iniciar un conflicto colectivo.
También critican que Grhusa ha instalado cámaras de vigilancia en las cabinas de los vehículos y otras instalaciones, “enfocando hacia las caras de los trabajadores, con el único propósito de controlar y sancionar a la plantilla, sin que se haya demostrado su necesidad para prevenir accidentes o mejorar la seguridad vial”, indican.
La plantilla denuncia, asimismo, el “deficiente estado de los vehículos, maquinaria e instalaciones”, con problemas de mantenimiento que representan “un riesgo constante de accidentes laborales”.
También exige la aplicación de las medidas de prevención ante las condiciones climáticas, especialmente en olas de calor y de frio, ya que la empresa “se niega a arreglar el aire acondicionado o la calefacción de los vehículos, no adaptando la jornada de trabajo, ni proporcionar uniformes adecuados”, materia que ha sido denunciada desde el Comité Intercentros.
REIVINDICACIONES
Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentran la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y 2 días de fiesta semanal, equiparándose a otros empleados públicos y empresas públicas; y la eliminación de la bolsa de horas, “debido a su abuso continuado por parte de la empresa”.
Asimismo, reclaman mejorar las condiciones salariales, dado que “las categorías más bajas cobran el SMI, cuando en realidad realizan funciones de categorías superiores debido a un abuso de la movilidad funcional”.
Finalmente, apuntan la creación de pluses específicos para las fiestas patronales en los municipios donde Grhusa opera, dado el aumento desproporcionado de la actividad durante estos períodos, como se ha constatado últimamente en las diferentes localidades.
“La plantilla, respaldada por la representación legal, considera intolerable que una empresa pública que anualmente devuelve aproximadamente 600.000 euros de su presupuesto no destine parte de estos fondos a mejorar las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores”, concluyen UGT y CCOO.