Inmejorable comienzo de las XVIII jornadas republicanas que el CRMAHU organizó cada año ininterrumpidamente, excepción hecha de las suspensiones por la pandemia vivida. Inmejorable por el tema, actual y polémico, por la conferenciante, la amena y entendida Begoña Nasarre, y por el aforo, que fue completo.
Ha iniciado la sesión el historiador José Mª Adé, quien ha pasado revista a los actos programados para esta semana y ha dado por inauguradas las jornadas. Le ha seguido en el uso de la palabra Ramón Lasaosa, quien ha listado los méritos de la oradora centrándose en sus haberes políticos: alcaldesa de Alcolea desde 2019, diputada desde 2019 y, antes, senadora en el periodo 2016/2019. Enumera también los cargos de responsabilidad que ha ocupado (generalmente portavocías diversas) y finaliza el largo periplo indicando que es la secretaria general actual de la Agrupación Socialista de Huesca. Introduce el tema Ramón haciéndose esta pregunta: "Es necesario que un Estado democrático, donde se supone que debe primar la transparencia, tenga una ley de secretos oficiales".
Un paréntesis: ¿Qué son los secretos oficiales? La definición no deja de ser ambigua, pero, atendiendo a la ley, secretos oficiales serían todas aquellas cuestiones que, si llegaran a ser conocidas por personas no autorizadas, podrían dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. La Ley 9/1968 sobre Secretos Oficiales en España, modificada en 1978, regula la clasificación de información que puede afectar a la seguridad del Estado. Define materias "secreto" o "reservado", limitando el acceso a documentos, a menudo dificultando investigaciones sobre el franquismo y la transición. Actualmente se debatía su reforma para ajustarla a estándares democráticos.
Puntos clave de la normativa actual: Origen: Es una ley preconstitucional de 1968, lo que ha generado críticas sobre su adaptación a la democracia. Clasificación: Permite clasificar documentos como "secreto" o "reservado" si su conocimiento por personas no autorizadas puede dañar la seguridad y defensa del Estado. Plazos de desclasificación: Aunque la ley original de 1968 no establecía plazos claros, se han mantenido reservas de hasta 50 años en la práctica, o incluso indefinidas para ciertos documentos de interés vital. Responsabilidades: La revelación de estos secretos por parte de funcionarios públicos constituye un delito contra la Administración pública. Intentos de reforma: El Gobierno ha aprobado anteproyectos para una nueva Ley de Información Clasificada, buscando establecer plazos de desclasificación automática (ej. 35 años para "secreto") y mayor transparencia, superando la norma de 1968. La norma ha sido ampliamente criticada por su opacidad y antigüedad, siendo el foco de intentos de reforma para adecuarla a la realidad constitucional.
Llegó el turno ahora de Begoña Nasarre, que haría un recorrido por diversos momentos de nuestra historia. Comenzó por el 23F, que calificó como punto de inflexión del periodo democrático. Lamentó que era un episodio desconocido para los jóvenes y señaló los agjeros de las balas en el Congreso y las diferentes maneras como lo vivieron los protagonistas involuntarios, citando a un jovencísimo Diego López Garrido, quien, tras escuchar las más de 70 detonaciones, llegó a elucubrar con que era el único superviviente.
Afirmó Begoña que había una responsabilidad colectiva en la transmisión de los hechos y que la accesibilidad documental contribuía a ello. Admitió, eso sí, que el relato inicialmente construido no estaba finalizado y que quedaban aún archivos por conocer.
Del 23F pasó Begoña a diseccionar la Transición. Afirmó que la palabra de actualidad era CONSENSO y que fruto de ello, cesiones incluidas, pudo generarse un ambiente de convivencia. Aseguró que hubo límites que nunca fueron abordados y que el paso del tiempo había generado una carencia democrática. Carencia que, dado que la democracia no es estática sino que evoluciona, debía superarse.
Centrándose en el tema objeto de la charla, indicó que el libre acceso a la información era fundamental. Incidió en que la Ley de Memoria Democrática reconocía el acceso a los archivos de un determinado periodo como un derecho.
Diversos hechos episódicos fueron traídos a colación, desde el DNI de un terrorista islámico, a diversos aspectos de la fuga real de JCI, cuestión nada extraña entre Borbones.
Finalizó Begoña Nasarre su disertación con una frase para enmarcar: "Una democracia madura no debe temer a su historia; más bien al contrario".
Un rato de debate se desató a continuación: interés por las sanciones por revelación de secretos, el lugar al que se relegan los valores republicanos (el de igualdad especialmente) conviviendo con un régimen monárquico, la sensación de minoría de edad de la sociedad cuando se plantea sumirla en la ignorancia "por su bien", etc.
El debate continuó, de manera más distendida aún, compartiendo un picoteo hasta las 21:00 horas.