En 1875, la agricultura en España era la principal actividad económica, caracterizada por una expansión de la superficie cultivada en lugar de mejoras en las técnicas, y una especialización, había sido en el Sexenio Revolucionario 1868-1874 y durante los primeros años de la Restauración 1874-1879 cuando se alcanzó la, hasta entonces, más alta presión fiscal sobre la agricultura española. Sus valores medios, en cada uno de los quinquenios referidos, fue del 4,3 y 3,8 por 100 respectivamente.
Este crecimiento dinámico del gravamen se debió fundamentalmente al aumento de los cupos y los tipos impositivos legales de la Contribución territorial a partir de 1864 Ese aumento y el restablecimiento o implantación desde 1874 en la Hacienda central de impuestos que repercutían directa o indirectamente resobre el producto agrario, como el de Consumos o el impuesto sobre la sal desde 1874, dio lugar a la proliferación de quejas en las Cortes por parte de los propietarios y los diputados representantes de las clases agrarias. Surgió, así, una forma de protesta antifiscal inédita hasta entonces, canalizada a través de asociaciones de propietarios o productores y ligas de contribuyentes. Estas asociaciones continuaron actuando, con desigual intensidad, a lo largo de la Restauración. Denunciaron, de forma reiterada, el gravamen fiscal elevado sobre el sector agrario.
Desde El Diario de Huesca, al inaugurar sus tareas periodísticas, se creyó en el deber ineludible de dar inicio a una serie de artículos, no en el terreno científico, sino en el de la conveniencia del país, de un asunto de vital interés para la provincia por el desarrollo y fomento, por ello, al ser tantos los males que agobiaban a la clase agricultora, que la sola narración de ellos, sería demasiado prolija; pero entre esos males, descollaba a su modo de ver, la facilidad de la importación de cereales, lo cual obligaba a los productores, que eran la gran mayoría de la Nación, a ofrecer y dar sus productos por un precio que, distaba mucho y no llegaba a ser bastante, como para atender a los gastos de explotación, y mucho menos llegaba a la satisfacción de las densas necesidades y gabelas que pasaban sobre el capital o riqueza rustica.
Se hacía constar como en otros pueblos que en sus sistemas arancelarios gravaban excesivamente la importación de aquellos productos agrícolas que el país produce en abundancia, a la vez que facilitaban la entrada de que por algo llamaban el país de “viceversa”, sucedía lo contrario.
Aquí la única riqueza que tiene importancia es la producción de cereales y caldos, pero la producción de estos son los que no tienen derechos asignados en nuestros aranceles, o si los tienen, son tan insignificantes que llegan frecuentemente a nuestros mercados, procedentes de mercados extranjeros, cantidades tan considerables de productos que si no llegan a matar la producción nacional, de tal manera rebajan o disminuyen sus precios, ocasionando los males que lamentamos, pues reducen a la clase labradora a una situación, por demás angustiosa y precaria.
No desconocemos, afirma El Diario, que puede haber circunstancias en que malas cosechas sean causa de que se abran nuestros puertos y fronteras a la introducción libre de cereales; pero fuera de esos casos, por fortuna excepcionales y poco frecuentes, tenemos la más íntima convicción de la necesidad de proteger la producción nacional (entiéndase que hablamos de cereales) señalando derechos subidos para la importación de tales artículos, y mientras así no se haga, será como es hoy, desconsoladora la situación de los labradores.
Siguiendo con los males que afligen a la clase labradora, y ante la necesidad de un sistema arancelario en sentido proteccionista, confesamos, afirma El Diario, de buen grado, que no es imputable sólo a los gobiernos la falta que ha habido en la adopción de las disposiciones que en la materia rigen. Tienen también alguna culpa los pueblos. Porque aquí, se desconocen por lo general el pensamiento y resultado de la estadística, aquí sucede que el gobierno exige periódicamente a los ayuntamientos noticias de la producción, consumo y existencias de cereales y caldos, y los pueblos, bien sea porque la administración se ha valido en algunas ocasiones de esos datos para aumentar los tipos evaluatorios, o bien porque desconocen la verdadera tendencia de tales noticias, ocultan la verdad por el temor, que los gobiernos debían hacer injustificado, de que pudieran servir para obligarlos a aumentar su riqueza imponible excesivamente gravada, siendo este error el que puede producir y produce necesariamente fatales consecuencias. Pidiendo, atiéndase a los agricultores adoptando medidas que los amparen y protejan.
Seguidamente y por primera vez en la prensa altoaragonesa, se incluían las “Cotizaciones de la Bolsa de los Fondos Públicos” y los “Precios del Mercado”: trigo, harina, cebada y aceite, cotizaciones que serán ya presentes en sus páginas durante años y serán ampliadas con otros productos de consumo. Desde aquel lejano noviembre de 1875, este diario no dejaría de su mano a la agricultura altoaragonesa.