La Agencia Estatal de Administración Tributaria estableció una sanción de 949.843,68 euros a la Sociedad Deportiva Huesca por las anomalías de las comisiones que los jugadores debían pagar a los agentes y que eran abonadas por el club (sin que aparecieran para los futbolistas de cara a sus obligaciones de IRPF), además de las rescisiones de contrato que entiende Hacienda que suponen simulación de despidos improcedentes. Corresponde a los años 2020, 2021 y 2022, en que el máximo cargo era Manuel Torres, como consejero delegado hasta el 16 de mayo de 2022 en que fue nombrado presidente.
El comienzo de las actuaciones de la AEAT se remonta al 10 de abril de 2024 y terminaron el 22 de octubre de 2025 con la cantidad propuesta, que fue reducida al aceptar la dualidad (que sean tanto club como deportista los que asuman la tributación de las comisiones), hasta los 575.402,34 euros que ha pagado la sociedad (336.656,94 la sanción y 236.745,40 por intereses de demora).
La inspección duró más de 16 meses hasta octubre de 2025, bajo el concepto de "retención/ingreso a cuenta rendimientos de trabajo profesional". En definitiva, los futbolistas no tributaban el IRPF por las comisiones, cuyo abono absorbía el club. En el acto, aparecen todos los futbolistas que pasaron por la plantilla en esos años.
Una circunstancia que puede -o no- tener consecuencias es el hecho de que la compraventa del club a los grupos Costa y Arqa se firmó el 12 de agosto de 2024, cuatro meses y dos días desde que comenzara la inspección, por lo que este revés económico era totalmente desconocido cuando aportaron el dinero de la transacción. Los nuevos gestores hubieron de afrontar el pago de esos 575.402,34 euros.
En el acta de inspección se explica que "queda acreditado que el contribuyente era perfectamente conocedor que los agentes intermediaban, representaron los intereses tanto de jugador como del propio club, que el agente facturaba la totalidad de los servicios solo a la SD Huesca, que pagaba dichas facturas abonando así el servicio que el agente prestaba al jugador y que por tanto, era mayor el salario del jugador y no retuvo cantidad alguna; que además llegó a acuerdos de rescisión de contratos con jugadores y entrenadores pagando indemnizaciones por estos despidos que estaban pactadas entre ambas partes y que se declaraban como rentas exentas en contra del claro criterio de la letra e) del artículo 7 de la Ley del IRPF que excluye expresamente como renta exenta las indemnizaciones por despido pactadas de mutuo acuerdo, se estima que la conducta del obligado tributario fue voluntaria, en el sentido de que se entiende que le era exigible otra conducta distinta, en función de las circunstancias concurrentes, por lo que se aprecia el concurso de dolo, culpa o cuando menos negligencia". a los efectos de lo dispuesto en el artículo 183.1 de la Ley General Tributaria (LGT).
Agrega que "no se aprecia concurrencia de ninguna de las causas de exclusión de responsabilidad previstas en el artículo 179.2 y 3 de la LGT", "y que las infracciones cometidas son graves si las cantidades dejadas de ingresar no superan el 50 % de las cantidades que se tendrían que haber ingresado por retenciones y muy graves" si lo superan, lo que ha ocurrido en el caso del IVA.
LA SEGUNDA ACTA
Una segunda acta se refiere al IVA en el periodo de marzo de 2021, sobre el que la Inspección concluye que el Huesca había deducido cuotas de este impuesto soportado correspondientes a servicios que los agentes de jugadores prestaban, en realidad, a los jugadores, "estimándose que solo el 50 % de dichos servicios se prestaba al club". Una infracción, sustentada en el artículo 191 de la LGT, calificada de muy grave "por utilización de facturas falseadas", con un porcentaje del 115 % que derivó en una sanción de 6.037,50 euros que se quedaron en 2.113,13 tras la reducción del 65 por ciento.