Los abogados de la Sociedad Deportiva Huesca, Pedro Javier Camarero, de Agustín Lasaosa, José María Fuster-Fabra, y de Pryobras y Jesús Sanagustín, Ricardo Orús, han presentado conjuntamente una solicitud a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca por la que demandan que resuelva "con urgencia las peticiones de sobreseimiento cursadas" por las tres defensas individualmente y que dé a la causa "el impulso procesal que corresponda para que nuestros clientes puedan recuperar y obtener su derecho a la tutela judicial efectiva". En el documento cuya fecha es de 15 de mayo, una de las conclusiones es que "se está tramitando con indeseada lentitud la petición de sobreseimiento por parte de Lasaosa, SD Huesca, Sanagustín y Pryobras.
La primera petición conjunta de los tres letrados en el caso Oikos pone el acento en la exasperante prolongación de una causa incoada en 2018. "Desde entonces todos los hechos incluidos por la Policía en su Atestado han quedado desmentidos por las sucesivas diligencias de investigación practicadas, con lo que proseguir con ésta Instrucción carece de sentido y de base jurídica". Los defensores tildan de "indebidas e indeseadas" las dilaciones e identifican el retraso durante 8 meses en los que no se avanzó en la tramitación procesal por la inacitividad de este Juzgado que no adecuó su control al cumplimiento por parte de la Diputación General de la orden para designar perito judicial arquitecto.
"Todos los hechos incluidos por la Policía en su Atestado han quedado desmentidos por las sucesivas diligencias de investigación practicadas"
Afean los recurrentes que ni "el Fiscal ni las Acusaciones Particulares durante ese tiempo se interesaron por los motivos de tal escandaloso retraso que nadie justificaba y, lo que es peor y más criticable, que tampoco nadie investigaba el porqué de una inactividad procesal tan dilatada", y tras la Diligencia de Ordenación del 3 de enero pasado "se evidenció un anormal funcionamiento de la Administración en general, que nos perjudicó a todos los investigados a pesar de hallarse amparados por la presunción de inocencia".
Aducen Fuster-Fabra, Camarero y Orús que la Administración de Justicia no ha funcionado adecuadamente al permitir que el perito demorara más de seis meses su dictamen sin exigirle el cumplimiento de su obligación, y similar reproche lanzan a la DGA porque instauró relgas económicas de honorarios de perito inasumibles.
En la Providencia de 22 de noviembre, el Juzgado aseveró que "la causa del retraso se debía a la dificultad de la pericia, pero después se comprobó que eso no era real, pues según la DGA la causa del escandaloso retraso procesal en impartir justicia se halla en que durante seis meses nadie advirtió al perito del tema de los honorarios, ni el Juzgado puso remedio a ese tema que, dicho sea de paso, no incumbía a las defensas porque no estaba en sus manos pagar más o menos al perito nombrado por el Juzgado". La DGA tampoco comunicó al Juzgado la problemática del pago a sus peritos.
En la enumeración de las circunstancias, concluyen en un sexto apartado que "se está tramitando con indeseada lentitud la petición de sobreseimiento por parte de Lasaosa, SD HUESCA, Sanagustín y Pryobras".
Previa a las firmas de los tres letrados, mantienen la doble solicitud: "A) Dar a la causa el impulso procesal que corresponda para que nuestros clientes puedan recuperar y obtener su derecho a la tutela judicial efectiva. B) Resolver con urgencia las peticiones de sobreseimiento cursadas por las defensas de Lasaosa, SD Huesca, Sanagustín y Pryobras".