La aprobación del protocolo por el que el Gobierno de Aragón adquiere la titularidad del Estadio de El Alcoraz, que pasa a ser público, incorpora mucho más que la operación de compraventa por 24,4 millones de euros. Enmarcado en políticas de "fomento del deporte, interés público y desarrollo de infraestructuras", el ejecutivo manifiesta su interés para que albergue no sólo eventos de fútbol, sino otros acontecimientos deportivos y extradeportivos.
El ejecutivo aragonés apela al interés estratégico y social mediante la promoción de un uso "abierto, inclusivo y sostenido" de esta instalación con la colaboración de la Sociedad Deportiva Huesca SAD dentro de una visión de fomento del deporte como herramienta de cohesión social, bienestar ciudadano y desarrollo del territorio.
La gestión del Estadio de El Alcoraz recaerá en una sociedad pública de entre las que dispone el Gobierno de Aragón, y cuyo nombre todavía no ha sido desvelado. Sí están definidas la finalidad principal y las prioritarias. La primera, "el impulso de actividades conjuntas de fomento y promoción del deporte".
Entre ellas, cuatro ejes. El primero, el deporte base y formativo orientado a niños, niñas y jóvenes. Segundo, el deporte de competición en categorías profesionales o de aficionados. Tercero, la inclusión social a través del deporte con programas para personas con discapacidad, colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. Y, finalmente, la organización de acontecimientos deportivos, culturales o recreativos abiertos a la ciudadanía que permitan diversificar el uso y, de paso, la sostenibilidad del estadio.
Gobierno de Aragón y Huesca formalizan el Protocolo General de Actuación para colaborar en la operación de compraventa del estadio. En el documento, se establecen compromisos como la imposibilidad de reparto de dividendos a los accionistas del Huesca SAD y también la prohibición del uso de los 24,4 millones de euros para cuestiones como el pago de contratos a futbolistas o la asunción de gastos corrientes.
Si que existe un beneficio evidente para el Huesca, ya que la operación permitirá transitar de la regla del 30 % a la 1:1, esto es, por cada euro de ingreso previsto otro tanto para plantilla deportiva, lo que implica que dejará las penurias de años pasados (fundamentalmente por la deuda de 15,1 millones de euros del trienio "trágico") y pasará a la zona noble de este indicador con sus repercusiones en la planificación futbolística y la capacidad de fichar.
CINCO ANUALIDADES
El precio de la compraventa se abonará a la SD Huesca en cinco anualidades desde la formalización de la compraventa, cada una de ellas con el abono del 20 % del global. El contrato explicita que la parte compradora, el Gobierno, autorizaría a la vendedora, el Huesca, a negociar con alguna entidad financiera el anticipo del cobro de la totalidad ajustándose a las Directrices de Control Económico de la Liga de Fútbol Profesional, en porcentajes y plazos para percibirlo a la formalización de la compraventa (20 %), a los seis meses (20 %), a los nueve (15), a los doce (15), a los quince (15) y a los dieciocho meses (15 %).
La operación es recibida con buenos ojos de la Liga de Fútbol Profesional, cuyo presidente, Javier Tebas, insiste en el mismo argumento que siempre esgrime, y es que la misión del organismo y de él como presidente es ayudar a los clubes, en este caso al Huesca, con todas las garantías y por encima de los propietarios.