La situación en la provincia de Huesca y el Pirineo será crítica este verano. En zonas de alto interés turístico, donde la población se llega a quintuplicar en temporada estival, Correos no tiene previsto ningún refuerzo para sus unidades de reparto. En muchas localidades, un solo cartero deberá cubrir dos o incluso tres secciones, una sobrecarga insostenible que pone en jaque la calidad del servicio y la salud laboral de la plantilla.
Ésta es la denuncia que realiza la Confederación General del Trabajo (CGT), que estima que la política actual de la empresa pública está llevando al servicio postal al colapso, especialmente en áreas rurales y turísticas, como la provincia de Huesca. A la falta de refuerzos se suma la salida de personal funcionario –cerca de 400 personas a nivel estatal en excedencias– sin que exista un plan claro de reposición. Esto deja a las unidades con plantillas menguadas, sin medidas de sustitución en el horizonte.
Ante esta situación, se ha convocado una concentración este viernes 28 de junio en Correos a nivel estatal en Madrid. Partirá desde el Congreso de los Diputados hasta la sede central de Correos, para exigir un convenio digno.
Además, se recogerán firmas contra el convenio marco actual. Las reivindicaciones no han cambiado desde hace meses: luchar por los derechos laborales, por un empleo digno y por un servicio público postal de calidad.
La responsable de la Sección de Correos de CGT en Huesca, Ana Osset, denuncia la falta de transparencia en la negociación del nuevo convenio colectivo, un proceso que consideran poco claro tanto por parte de la empresa como de los sindicatos firmantes, que aceptan documentos sin desarrollo claro de su contenido.
"Llevamos meses de movilización, con campañas de información y una plantilla cada vez más contraria al convenio marco que se nos quiere imponer". Añade que, aunque ha habido avances en algunos temas, no se han tocado aspectos clave como las condiciones laborales o las garantías de reposición de personal.
Uno de los puntos más alarmantes de la actual política de la empresa es el recorte del presupuesto de contratación, que pasaría del 90% al 70%. Desde CGT se calcula que esto supondría la pérdida de entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo.
Ana Osset concluye: “Con menos personal, más precariedad y doble de carga de trabajo diaria, es imposible mantener un mínimo de calidad en el servicio. Esta huelga no es solo por los trabajadores, es por defender el derecho de toda la ciudadanía a un servicio público postal digno”.