Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF se han concentrado este jueves ante la Subdelegación del Gobierno en Huesca, en el marco de una movilización convocada en todo el país para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva en el sector público y exigir un nuevo acuerdo salarial que garantice la mejora del poder adquisitivo de los empleados públicos.
A las 11.00 horas, decenas de trabajadoras y trabajadores del ámbito público se han dado cita en el centro de la capital oscense para reclamar al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, que se siente a negociar “de inmediato”. La protesta ha tenido réplicas simultáneas a las 12.00 horas en Zaragoza y Teruel, así como en el resto de delegaciones del Gobierno de toda España.
Los sindicatos han advertido de que la falta de avances en la negociación podría desembocar en una huelga general del sector público antes de final de año, dentro de un calendario de movilizaciones que continuará durante los próximos meses.
Según han explicado las tres organizaciones convocantes, la concentración responde a la “urgente necesidad de recuperar y modernizar los servicios públicos”, gravemente afectados por años de recortes y falta de inversión. En Aragón, las reivindicaciones afectan a más de 112.000 empleados públicos, de un total de 3,5 millones en todo el país.
UGT, CCOO y CSIF han denunciado que el deterioro de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, está generando una creciente insatisfacción ciudadana. Han recordado que la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la desmotivación laboral repercuten directamente en la calidad de la atención que recibe la población.
En el manifiesto conjunto leído en Huesca, los sindicatos han exigido garantizar una subida salarial para 2025, incrementar el empleo público y mejorar las condiciones laborales de todo el personal de las administraciones. “El Estado del Bienestar no puede sostenerse con plantillas envejecidas, salarios congelados y servicios sobrecargados”, han subrayado los portavoces sindicales.
Las tres centrales sindicales han coincidido en que el futuro de lo público pasa por “rediseñar unas administraciones dimensionadas al Estado del Bienestar, accesibles y de calidad”, y han llamado a la ciudadanía a sumarse a la defensa de los servicios públicos. También han señalado que el éxito de esta transformación solo será posible con una negociación real y abierta, en la que el Gobierno reconozca el papel de los sindicatos como interlocutores imprescindibles.