Las estadísticas demoledoras no son sino el reflejo de una realidad insostenible para los jóvenes en su pretensión de emanciparse a través del alquiler o la venta de vivienda. Nos hallamos en la recreación de aquella infausta expresión de una ministra de las "soluciones habitacionales", y es que hoy se han de conformar, con sus escuálidos ingresos (1.315 euros brutos el segmento de 16 a 25 años frente a los 2.100 largos de la media), con compartir piso reduciendo su "hogar" a una habitación.
Sobre esta problemática han dado luz este pasado viernes en la Casa de Andalucía (en la apertura de la Feria de Andalucía) la vicepresidenta de la Diputación Celsa Rufas, el teniente de alcalde de Huesca Iván Rodríguez, el director de Fundesa (Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón), Jorge Gómez, y el empresario del sector de las fincas Javier Caudillo, autor periódicamente de la Radiografía del Mercado Inmobiliario de Huesca.
Celsa Rufas ha abierto las intervenciones reconociendo que vivienda y empleo "son dos de los grandes problemas en nuestro país". Aunque la corporación provincial no tiene competencias en ambas materias, sí cumple con su labor de asistencia técnica, económica y jurídica a pueblos de menos de 20.000 habitantes, que en Huesca son todos exceptuando la capital.
Ahí radica el reto que tiene su derivada en las políticas contra la despoblación, que incluyen comunicaciones de todo tipo (incluido internet), seguridad, empleo y vivienda. El hándicap es que "hay más demanda que oferta, la vivienda se ha encarecido mucho y los primeros afectados son los jóvenes".
Ha defendido el nuevo Plan Aragón + Vivienda del Gobierno regional que arrancará su convocatoria de ayudas para el alquiler en octubre o noviembre para promover vivienda pública municipal para venta, alquiler o alquiler con opción a compra... "y además que sea vivienda digna".
Esta planificación tendrá líneas de ayuda para sectores con dificultades específicas como las personas con discapacidad, las que sufren violencia en cualquiera de sus clases, familias monoparentales, numerosas y jóvenes. "Hoy el 47 % de los jóvenes no se pueden emancipar". Y esta es una realidad que atiza otra: el 99 % de los 732 municipios de Aragón -sólo 39 con más de 3.000 habitantes- resta censo cada año, "porque los pueblos están envejecidos y los jóvenes se van. Tenemos que intentar que se queden y atraer a otros".
Ha aludido a la dificultad específica de los pueblos con alta tensión turística, donde "hay mucha segunda vivienda y la que es de alquiler es muy cara. Los que van a trabajar no se pueden quedar, incluso hay gente que opta por residir en autocaravanas".
El Plan Aragón + Vivienda contempla 300 millones de euros de inversión de 2024 a 2030, de ellos 120 sufragados por el ejecutivo, 107 europeos y 73 del plan estatal de vivienda. "Ahí estaremos la Diputación: se quiere promover construcción de nuevas viviendas en colaboración público-privada, en pueblos, y la rehabilitación para consolidar cascos urbanos". En empleo, se generarán 6.000 puestos de trabajo.
La corporación a la que representa desarrolla su plan desde 2020 con préstamos y subvenciones a ayuntamientos para viviendas municipales en alquiler a coste bajo para nuevos pobladores. Su labor complementará la planificación del Gobierno de Aragón, no sólo para nuevos vecinos, sino también para el retorno "de hijos del pueblo que quieran volver. Tenemos que conseguir vivienda para jóvenes y de paso revitalizar los pueblos".
EL PAPEL DEL EMPLEO
Jorge Gómez Sampietro, responsable de distintos observatorios desde su papel en Fundesa, ha recordado la realidad de una provincia en la que hay trabajadores estacionales no sólo de las estaciones de esquí, sino también del sector primario, como los temporeros. "No sé cuál es la solución técnica y financiera, pero hay que dar respuesta".
Ha recordado que, según datos oficiales, de las 170.000 viviendas en la provincia, 30.000 están vacías y otras tantas son de uso esporádico, como revelan los consumos eléctricos, de gas y agua. "Es un 30 % del total", y ha defendido la rehabilitación como una fórmula eficaz, poniendo como ejemplo los 1.800 trabajadores a los que ha tenido que alojar Binéfar después de la irrupción de Litera Meat, más los 800 de Fribin.
Ha asociado directamente el problema de la vivienda a los que tienen las empresas para contratar. "La principal dificultad es encontrar mano de obra cualificada. Estamos en una tasa de paro del 8 %, que podríamos considerar estructural. La demanda empresarial se inclina más por los perfiles de Formación Profesional y no tanto los universitarios, cuando la realidad estudiantil es la contraria, hay casi doble de universitarios que de FP". Hostelería, soldadura, fontanería y otros oficios tienen un déficit de trabajadores según los estudios que elaboran.
Otra cuestión que afecta al tejido económico es la carencia en movilidad laboral, que "exigiría más ayudas que ahora no existen. Muchos entran al mercado laboral sin carnet de conducir y hasta para hacer prácticas en una empresa es hoy un problema".
La empleabilidad se ha convertido en otra de las complejidades principales en el sistema. "Hay muchas posibilidades en la hostelería, pero no atrae. Paradójicamente, no lo identifican con un sector potente. Por eso, echamos de menos que en los colegios expliquen la realidad de las empresas de nuestra provincia, donde hay un sector primario e industrial potentes sobre la media de España y, además, se trata de actividades masculinizadas".
MENOS REGULAR, MÁS FACILITAR
Javier Caudillo es, dentro de la economía altoaragonesa, un faro lúcido que aporta comprensión al problema del alquiler y venta de vivienda, "que para la juventud es un auténtico infierno, una carrera de obstáculos. Con 600 euros que cuesta un alquiler, es un esfuerzo de renta del 40 % y ahora vivimos el fenómeno del realquiler, jóvenes que se alquilan una habitación. Es un problema que va a más, porque hay mucha demanda y poca oferta".
Contribuye a esta caótica coyuntura que "la legislación es un desastre. Cada vez que intentan mejorar, baja un 20 %. Hace cuatro meses desde la última ley sobre el alquiler y la oferta ha caído un 40 %. Y es porque se legisla contra el propietario y a favor del inquilino. Fomenta la "okupación", ante lo que el propietario retira viviendas, vende o echa la llave".
Ha abundado en el panorama desolador. "Tenemos una generación de jóvenes estafados. Les hemos vendido que iban a tener una vida de reyes con su carrera y sus másteres, y ahora pueden comprar poco y mal los que tendrían que estar garantizando nuestras pensiones del mañana. El 84 % no se puede emancipar".
¿Respuestas? Hay que aumentar la oferta, afirma Caudillo, quien pone como ejemplo a Viena, dos millones de habitantes y cuyo ayuntamiento tiene 300.000 viviendas en alquiler social, y hay 200.000 cooperativas. Alucinen con el dato, amigos lectores. "Pagan 6,67 euros de alquiler al mes". No es sencillo este modelo. "Llevan haciéndolo cien años. Todos los trabajadores destinan un 1 % de su sueldo a una bolsa para seguir construyendo y rehabilitando. Se hacen cinco mil al año".
Ha apuntado que paradójicamente el ritmo de absorción de viviendas de Huesca es aceptable, normalmente 500 anuales, se ha recuperado desde la pandemia en que se registraban cuatrocientos. Pero "cada día es más cara. Y tiene su influencia la sostenibilidad. Cada vez se legislan exigencias constructivas mayores, edificios altos, guapos, rubios y que por encima pase un avión". Una previsión de una agenda para 2050: 7 millones de viviendas en España con una calificación no menor de D. "Hoy el 60 % no cumple".
No tiene varitas mágicas para un hecho constatable: "Cada vez es más cara, pero es que la parafernalia burocrática para un polígono nuevo es una locura. Harineras comenzó la tramitación en 2002, es verdad que ha habido circunstancias que lo han demorado, pero se va a adjudicar la urbanización en 2024. Un polígono normal son diez o doce años hasta la licencia de obras, y en ese tiempo un promotor puede hasta arruinarse".
Sí tiene claro que "la vivienda habría que industrializarla, poner más suelo en el mercado y eliminar burocracia". Es la manera de ayudar a los jóvenes, que no pueden asumir un 20 o un 25 % de entrada. Ha elogiado el programa de Mi Primera Vivienda de la Comunidad de Madrid, con avales para esa entrada.
Estima pertinente la línea ICO de 2.000 millones siguiendo la de la comunidad madrileña, pero peca de no haber comunicado a los bancos los convenios, todo "en mantillas, pero no es malo". En cuanto al Gobierno de Aragón, aprecia la dirección adecuada en el consejero Octavio López. "Ceder el suelo a promotores que quieran hacer vivienda de alquiler, que tienen que intentar que salgan las cuentas".
Un punto último definitivo, después de recordar que la obra nueva en Huesca ha sobrepasado los 3.000 euros el metro cuadrado (300.000 euros un piso de cien metros más 20.000 para un garaje)... y "llegan los impuestos. La vivienda está castigada fiscalmente desde que empieza. Hay que tocar a la baja".
Conclusión: el problema del alquiler requiere políticas que darán sus frutos a largo plazo, "pero hay que empezar", y la venta, si se libera suelo, "se puede aliviar".
UNA EMERGENCIA NACIONAL... Y MUNICIPAL
Iván Rodríguez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huesca, recoge el guante y, efectivamente, confirma que la fiscalidad es uno de las grandes problemas que grava la primera vivienda. "Una familia necesita una vivienda y el coste tendría que ser deducible".
Ha realizado una lectura retrospectiva remontándose a 2005-2006, cuando se construía una barbaridad en España y la coyuntura demostraba que "los jóvenes no tenían problemas. Hasta tal punto que dejaban de estudiar para irse a la construcción. En 2008, todo se fue al garete, medio país se quedó sin trabajo y nos costó recuperarnos y levantar cabeza".
El concejal de Urbanismo aprecia que la vivienda es tan sólo un sector dentro de un comportamiento global errático. "Europa había cogido la línea equivocada. Derivamos la producción económica a China y la energía a Rusia. En Europa nos dedicamos a generar los derechos para los ciudadanos".
Asumido el déficit estructural, "ahora nos ha entrado el pánico y de ahí la fiebre por las renovables, el coche eléctrico, las viviendas sostenibles". En torno a 2008, los planes generales de las ciudades crearon unas normativas y planificaciones con grandes áreas de extensión, grandes zonas de equipamiento, vivienda de protección oficial... "Y esos costes se tienen que repercutir en la vivienda libre".
Bajado a nuestro terreno, "en Huesca tenemos que buscar grandes áreas y que arriesguen los promotores y los tiempos van contra la corriente de ellos. Diez o doce años que, en sus altibajos, pueden arruinar a las empresas".
Y ahí llega el bloqueo en el sector de la vivienda, con una normativa que no da la flexibilidad suficiente. "El Gobierno de Aragón está sacando vivienda al mercado para que bajen los precios. Nos piden solares a los ayuntamientos y me doy cuenta de que en Huesca apenas tenemos. Dotacionales tan sólo un par que no son viables. Al menos en Harineras hemos podido ceder para VPO al Gobierno de Aragón".
El teniente de alcalde se ha mostrado convencido de que solucionar el problema pasa por la colaboración público-privada. "La administración ha de poner el suelo, los promotores el dinero y el gobierno la ayuda. Es una forma de iniciar una cadena, poniendo más VPO que se complementa con ayudas a la rehabilitación con fondos europeos".
Concluye con una definición tajante, un llamamiento: "Hay que meter en la rueda a los jóvenes. Es una emergencia nacional. Hay que hacer una reflexión, hay que flexibilizar normativas, poner más suelo en el mercado para construir más. Es una pena que no podamos hacer más, pero tendremos que suplir las limitaciones con propuestas audaces".
