El Gobierno de Aragón ha trasladado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) su aceptación a la tercera ampliación de los fondos para el fomento del autoconsumo eléctrico en almacenamiento y gestión, pero lamenta su negativa a simplificar su tramitación, como ha reseñado en una carta remitida este mismo jueves la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero.
Aragón no renuncia a recibir la parte que le corresponde de los 500 millones de euros previstos para esta ampliación. “Hemos tomado esta decisión para no perjudicar a los beneficiarios aragoneses, aunque acatar las condiciones del Gobierno central pone en peligro la ejecución en tiempo y forma”, ha recalcado al respecto.
Tal y como se indica en la misiva enviada, se hace constar que la aceptación “se realiza bajo la amenaza del IDAE de perder el derecho a los mismos si no se formaliza la petición antes del 7 de diciembre”. Y también lamenta que no se hayan asumnido las “sugerencias” de mejora de las comunidades autónomas, algunas ellas perfectamente aceptables si hubiera existido “voluntad política”.
Un total de doce comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla expusieron en sendas comunicaciones al IDAE, entidad pública empresarial perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, los días 14 de noviembre y 5 de diciembre, la necesidad de racionalizar y simplificar la carga administrativa, introducir criterios más flexibles para que las administraciones pudieran destinar los fondos a programas de alta demanda, avanzar hacia un sistema de costes simplificados para la justificación de las ayudas y evitar la duplicidad en la tramitación. Peticiones que se unieron a la solicitud de compartir información de manera trimestral sobre la evolución de las ayudas, modificar las bases reguladoras para evitar duplicidades y elaborar un manual de buenas prácticas de gestión.
La vicepresidenta ha recordado que el Gobierno de España es el “responsable” del diseño de los programas, las bases reguladoras, el procedimiento a seguir y las herramientas informáticas de gestión. Motivo por el que ha lamentado que las comunidades autónomas “nos encontramos con la imposición de un diseño y una carga documental que hace inviable la gestión de los fondos”.
Consideran todas las autonomías que es imprescindible la modificación del procedimiento para no sumir a los ciudadanos y a las empresas que deseen aspirar a esas ayudas en un “pozo sin fondo” de gestiones administrativas que lo único que consiguen es la renuncia a esas cuantías o la pérdida de un montante económico que “tiene que ir a todos los aragoneses interesados”, no “quedarse en el limbo o en las arcas de los diferentes ejecutivos”.
“La voluntad del Gobierno de Aragón era mejorar sustancialmente una tramitación que se ha demostrado farragosa y en muchos casos inviable porque no consiguen su objetivo esencial: que lleguen a los interesados en poner en marcha su instalación de autoconsumo”, ha asegurado Mar Vaquero.
La vicepresidenta considera “lógico” que el Gobierno central hubiera tenido en cuenta a las administraciones que tramitan esas ayudas, ya que “somos los que sabemos a la perfección el procedimiento y las mejoras que se pueden implementar para ser más útiles y eficaces”.
En ese sentido, Mar Vaquero ha criticado que “en lugar de trabajar por mejorar la gestión de unas cuantías muy importantes para nuestro país”, el Gobierno central ha vuelto a hacer gala de su “nula voluntad de negociación” para llegar a acuerdos que “mejoren la vida de todos los ciudadanos”. “Todas las decisiones que no vayan encaminadas a conseguir que se puedan destinar todos los fondos, son contrarias a la lógica y el sentido común que debe imperar en las administraciones públicas”, ha complementado.