La Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros de la Provincia de Huesca estima que la gratuidad de los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia prestados por RENFE, que anunció el presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación el 12 de julio, representa un agravio comparativo y una doble discriminación: por un lado, da un tratamiento diferenciado a los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen y, por otro, prima a un modo de transporte frente al autobús, que es el modo que más viajeros mueve y mayor número de poblaciones conecta diariamente en nuestro país. La Asociación cree que el Ejecutivo incurre en una posible práctica competencia desleal de un operador público frente a muchas empresas privadas.
Si esta medida llega a ponerse en marcha, agrega la asociación que preside Javier Aventín, tendría unas consecuencias nefastas para las empresas de transporte de viajeros por carretera, ya que se desplazará la demanda en todos los corredores coincidentes con el ferrocarril, que será difícil de resarcir una vez eliminada la medida. De no ampliarse a todo el sistema de transporte público, esta actuación dañaría más aún a un sector que es el único que garantiza la movilidad en todo el territorio nacional, que ya se encuentra en una situación muy complicada tras el impacto que supusieron las medidas de restricción de la movilidad provocadas por la pandemia del COVID, y que aún no ha recuperado los niveles de demanda pre-pandemia. Desde 2020, han desaparecido en España más de 280 empresas y las que sobreviven, menos de 3.000 (2.857), acumulan una gran cantidad de deuda.
A este panorama, hay que agregar las consecuencias del extraordinario incremento del precio de los combustibles, que está teniendo un enorme impacto en las cuentas de resultados de las empresas del sector. Este anuncio es un ‘palo en la rueda’ de un sector estratégico y que garantiza en muchos territorios, especialmente de la España rural y más despoblada, el derecho fundamental a la movilidad y el acceso a servicios básicos del Estado del Bienestar, como son la educación, la sanidad y el trabajo.
Se suma, según afirma Javier Aventín, la grave situación en el subsector del transporte escolar, con dos meses pendientes de pago de la administración autonómica y con una incertidumbre extraordinaria por cuanto aún no se ha negociado el incremento de los precios, que por debajo del 10 % de subida haría inviable la asunción de estas licitaciones por parte de las empresas.