Alrededor de 160 vecinos de los municipios de Loporzano, Tierz y Quicena han expresado en una reunión celebrada en la sala de El Viñedo su oposición al proyecto de construcción de una planta de biogás en el término municipal de Loporzano, promovido por la empresa Catalana de Biogás, "vinculada a fondos de inversión del Banco Sabadell", explican en un comunicado. Su objetivo es procesar 95.000 toneladas anuales de purines y residuos cárnicos, una cifra que los afectados estiman “inasumible y peligrosa para la salud y el medio ambiente”.
El Ayuntamiento de Loporzano y la empresa promotora presentaron el viernes el proyecto con asistencia de más de 160 personas, y la mayoría expresó su rechazo y preocupación, tanto por el tamaño de la instalación como por la falta de información previa, clara y accesible. Los vecinos denuncian que se trata de un proyecto que lleva sobre la mesa desde febrero de 2025 sin haber sido comunicado de forma transparente a la población ni a los municipios potencialmente afectados.
La proximidad real de la planta a núcleos habitados, a patrimonio histórico y a la propia ciudad de Huesca es uno de los argumentos de los convocantes. Recuerdan que las Trincheras de Tierz están a menos de 700 metros, Tierz a 1,82 kilómetros, Loporzano y Quicena a 2,75, el Castillo de Montearagón a 2,43, Ola y Siétamo a 3,5 y la capital a menos de 5 kilómetros. “No se puede hablar de un proyecto aislado cuando se sitúa a escasos kilómetros de pueblos, viviendas, patrimonio histórico y de una ciudad de más de 50.000 habitantes”.
RIESGOS
Los colectivos afectados alertan de que supondría una amenaza sanitaria y medioambiental para todo el entorno, con riesgo de emisiones de gases como amoníaco y ácido sulfhídrico, los malos olores persistentes y la posible contaminación de acuíferos por nitratos "en una zona ya especialmente sensible". Añaden el impacto del tráfico pesado continuo, con camiones cargados de residuos circulando a diario por la autovía y por carreteras locales, y la gestión de subproductos animales (SANDACH), que "incrementa el riesgo biológico, la proliferación de insectos y roedores y el deterioro de la calidad de vida".
Loporzano, recuerdan, ya tiene sus residuos ganaderos y orgánicos controlados y gestionados mediante acuerdos existentes, sin que exista una necesidad real de implantar una planta industrial de estas dimensiones.
Los vecinos concentrados insisten en que "no responde a una demanda del territorio, sino a un modelo extractivo, diseñado para absorber grandes volúmenes de residuos más allá del ámbito municipal y asegurar la rentabilidad de la instalación, a costa del entorno, la salud y la calidad de vida de la población local. Esto significa convertir el Municipio de Loporzano y su entorno en un vertedero industrial al servicio de fondos de inversión sin ningún arraigo en la zona”.
Apelan a la concienciación sobre el impacto visual y paisajístico en el disfrute del Castillo de Montearagón, Bien de Interés Cultural. “El patrimonio no se puede trasladar ni compensar. Las instalaciones industriales no son neutras: transforman el paisaje y condicionan la manera en que entendemos y disfrutamos nuestro legado histórico. El patrimonio no se mide en kilómetros”.
CONSUMO ENERGÉTICO
Según la propia promotora, la planta requiere alrededor de 1 MWh (1000 kWh) para calentar el material en los digestores y acelerar la fermentación. Explica el comunicado que, tras el proceso, el digestato caliente se separa y se deposita en balsas exteriores, transfiriendo calor al entorno. Los vecinos trasladan este consumo al doméstico: 1000 kWh equivalen al funcionamiento simultáneo de entre 400 y 500 bombas de calor domésticas / viviendas, incluso en pleno invierno. “Este impacto térmico también forma parte del debate y no se puede ocultar”, subrayan.
El proyecto, agregan los promotores de las protestas, "amenaza además una ruta aérea clave para cientos de aves rapaces que se desplazan entre la Sierra de Guara y los Monegros. El corredor natural del Flumen, el entorno del Salto de Roldán, Tierz, Monflorite y la serreta de Piracés es utilizado a diario por buitres y por especies protegidas y sensibles como el quebrantahuesos, el águila real, el alimoche, el milano real o el halcón peregrino. Este valor natural sustenta también un creciente turismo de naturaleza y birding, que podría verse gravemente afectado. Alterar este corredor con una instalación industrial permanente no es neutro. Defender el territorio es también defender el cielo que lo cubre”.
EN TRAMITACIÓN EN EL INAGA
El proyecto se encuentra en tramitación en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), sin que el expediente sea todavía público, se aseguró en la reunión. Los colectivos vecinales están solicitando formalmente ser reconocidos como personas interesadas para acceder cuanto antes a la documentación presentada por la empresa y conocer con detalle el alcance real del proyecto.
Los afectados alertan de que, tras las modificaciones de la legislación en Aragón, este tipo de instalaciones puede tramitarse mediante un procedimiento ambiental simplificado, un marco normativo que consideran “más permisivo y claramente insuficiente para evaluar impactos de una planta industrial de estas dimensiones”. Por ello, los vecinos permanecen a la espera de la resolución del Inaga para que se abra el periodo oficial de información pública y poder presentar alegaciones, y demandan un proceso transparente, riguroso y con participación real.
Paralelamente, los colectivos han iniciado su canal de Instagram (@StopBiogasLoporzano), una campaña de recogida de firmas digitales y anuncian una ronda de reuniones con los ayuntamientos implicados. Asimismo, exigen al Ayuntamiento de Loporzano que no firme la declaración de interés social, al considerar que no existe consenso vecinal ni una justificación real de interés público para este proyecto. “Instamos a los ayuntamientos de Loporzano, Tierz, Quicena y Huesca a defender a sus vecinos frente a la especulación financiera disfrazada de energía verde. El territorio también tiene derecho a decidir. Este proyecto se puede parar”,
Vecinos del municipio de Loporzano participantes en este movimiento aseguran estar coordinados y trabajando de manera conjunta con la plataforma Stop Biogás Somontano, al ser "la misma empresa promotora y un modelo de proyecto idéntico al que ya se ha planteado en otros puntos de la comarca", explican en un comunicado en referencia a la de Azlor.
Estiman que la cooperación entre plataformas vecinales permite compartir información, experiencia y reforzar la capacidad de respuesta social e institucional. “Vamos de la mano con Stop Biogás Somontano porque juntos somos más fuertes. No hablamos de un caso excepcional, sino de un modelo que se repite y que amenaza al territorio si no se le pone freno”, concluyen bajo el eslogan de "Nuestros pueblos no se venden. Se defienden".