La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reivindicado este viernes en Huesca el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como una institución esencial para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y la protección de los trabajadores. Díaz ha intervenido en la apertura de la segunda jornada del VI Congreso del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que se celebra en el Palacio de Congresos de la capital oscense bajo el lema "La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ante los renovados desafíos jurídicos y sociales". El acto ha contado con la presencia de diversas autoridades, como el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo.
Durante su intervención, la ministra ha agradecido el trabajo desarrollado por los inspectores y subinspectores y ha situado su función dentro del mandato constitucional del Estado social y democrático de derecho. A su juicio, la Inspección constituye una pieza fundamental para garantizar el principio de legalidad y para trasladar las decisiones públicas al ámbito de los centros de trabajo.
Díaz ha dedicado una parte de su intervención a reconocer el trabajo de la presidenta del SITSS, Ana Ercoreca, a quien ha agradecido su "compromiso férreo" en la defensa de la institución. La ministra también ha destacado ante los integrantes del sindicato su "tenacidad", su "compromiso" y su carácter "profundamente luchador".
La responsable de Trabajo ha recordado además que el reglamento de la Inspección de Trabajo se aprobó el 1 de marzo de 1906, convirtiendo desde entonces a este cuerpo en un elemento fundamental para el cumplimiento de las disposiciones protectoras y reguladoras del trabajo. En este contexto, ha repasado algunas de las medidas adoptadas durante los últimos siete años y ha señalado como una de las primeras reivindicaciones planteadas por el sindicato el fin del uso de vehículos particulares para el desempeño de tareas públicas y la mejora del sistema de dietas.
Díaz ha defendido asimismo la evolución del mercado laboral durante este periodo y ha atribuido al trabajo con derechos un papel central en la transformación económica y social. En este sentido, ha señalado que España cuenta actualmente con casi 23 millones de personas ocupadas, además de récords de ocupación, cotizaciones sociales y estabilidad en el empleo. La ministra ha citado informes del Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y la OCDE para respaldar su valoración de las políticas laborales desarrolladas por el Gobierno.
La titular de Trabajo ha puesto especial énfasis en los resultados de la Inspección en la lucha contra el fraude y la economía irregular. Según los datos expuestos durante su intervención, desde 2020 se han transformado en indefinidos 923.349 contratos temporales, se han regularizado 148.311 falsos autónomos y se han recuperado 286 millones de euros en salarios mediante actuaciones inspectoras.
A estas cifras ha añadido la conversión en contratos indefinidos ordinarios de 262.000 contratos fijos discontinuos cuyo uso consideró irregular, así como las actuaciones desarrolladas en relación con la contratación a tiempo parcial. Díaz ha destacado también las medidas contra el fraude transnacional y las denominadas empresas buzón, desarrolladas en colaboración con la Autoridad Laboral Europea.
La ministra ha repasado igualmente las actuaciones de la Inspección en materia de prevención de riesgos laborales, con campañas dirigidas a la exposición a agentes cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos, así como a los riesgos emergentes, las nuevas formas de empleo digital, la aplicación de la Ley Rider y las condiciones ambientales extremas asociadas a las alertas meteorológicas. En este punto, ha subrayado que la labor inspectora contribuye a prevenir accidentes laborales en un contexto en el que, según sus palabras, fallecen cada año más de 600 trabajadores en sus puestos.
En materia de igualdad, Díaz ha destacado la creación de la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación, concebida para actuar frente a los sesgos, la brecha retributiva y los acosos. La ministra ha asegurado que la brecha salarial se ha reducido un 22 % y ha situado a España por debajo de la media europea.
La intervención también ha servido para exponer el refuerzo de los recursos destinados a la Inspección. Díaz ha señalado que actualmente cuenta con 1.140 inspectores e inspectoras y 1.379 subinspectores laborales, mientras que la plantilla global ha aumentado un 25 %, hasta superar los 2.500 efectivos. A ello ha sumado 200 nuevas plazas de personal técnico administrativo, 50 becas de 12.000 euros destinadas a personas que quieran preparar las oposiciones y un presupuesto superior a los 220 millones de euros.
La ministra ha señalado, asimismo, que la modificación de la relación de puestos de trabajo ha permitido reforzar la estructura territorial mediante 51 unidades especializadas, con una unidad contra el fraude en cada provincia. Para Díaz, este despliegue responde a la necesidad de contar con una Inspección "modélica, moderna y fuerte".
En la parte final de su intervención, la vicepresidenta segunda ha reivindicado el carácter tuitivo del derecho laboral, basado en el reconocimiento de que las partes que intervienen en una relación de trabajo no se encuentran en una posición de igualdad y en la necesidad de proteger a la parte más débil. También ha situado la actuación inspectora como un instrumento para hacer efectivo el Estado social y democrático de derecho.
Díaz ha extendido esta defensa al sistema público de pensiones y ha cuestionado las propuestas que, según ha afirmado, ponen en riesgo su suficiencia. En este contexto, ha señalado que la pensión media ha pasado de 1.080 a 1.576 euros y ha sostenido que el sistema "no tiene un problema de solvencia, sino de suficiencia".
EMPLEO Y ESTABILIDAD EMPRESARIAL
La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha defendido la necesidad de compatibilizar la protección de los derechos laborales con el respaldo a las empresas y a quienes generan empleo, y ha reclamado a las administraciones estabilidad normativa, seguridad jurídica y diálogo social para favorecer la actividad económica.
Orduna ha reivindicado el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como garante del cumplimiento de la legalidad y de unas condiciones de competencia equitativas entre las empresas. Su actuación, ha señalado, protege tanto a los trabajadores como a los negocios que cumplen sus obligaciones, que no deberían verse perjudicados frente a quienes las incumplen. "Cumplir la ley nunca debería convertirse en una desventaja competitiva", ha afirmado.
La alcaldesa ha situado esta reflexión en el contexto del tejido económico oscense, integrado, según ha destacado, por pequeñas y medianas empresas, autónomos, comercios, empresas familiares y emprendedores que mantienen la actividad y generan oportunidades en el territorio. Desde su experiencia al frente del Ayuntamiento, ha aludido a las dificultades que afrontan estos profesionales, desde la inversión y los riesgos económicos hasta la incertidumbre sobre el futuro de sus negocios.
En este sentido, ha insistido en la interdependencia entre empresas y trabajadores. "Sin empresas no hay empleo, sin trabajadores no hay empresas que puedan prosperar", ha señalado, antes de reclamar a las administraciones que establezcan reglas justas, velen por su cumplimiento y faciliten las condiciones para desarrollar la actividad económica. A su juicio, la seguridad jurídica, la previsibilidad y la estabilidad normativa son requisitos necesarios para invertir, contratar, innovar y crear empleo de calidad.
Orduna también ha advertido de los desafíos que plantean la digitalización, la inteligencia artificial, el teletrabajo y las plataformas digitales, factores que están transformando las relaciones laborales y que exigen adaptar las normas. Ha defendido que estas sean claras, proporcionadas y estables, de modo que empresas y trabajadores conozcan el marco en el que desarrollan su actividad.
La regidora ha reclamado, además, que las administraciones orienten su actuación a facilitar la actividad económica sin renunciar al control ni al cumplimiento de la ley. Para ello, ha apelado a la proporcionalidad y al conocimiento de la realidad empresarial, y ha advertido de que no debe tratarse a la mayoría de los negocios como si incumplieran sus obligaciones. "No podemos tratar nunca la excepción como si fuera la regla general", ha manifestado.
Otro de los ejes de su discurso ha sido el diálogo social, que ha defendido como una herramienta para alcanzar acuerdos entre empresas, trabajadores, representantes sindicales y administraciones. Orduna ha reclamado que las políticas públicas con efectos sobre el mercado laboral se apoyen en la reflexión, el estudio y la negociación, en lugar de responder a la improvisación o a las necesidades de la coyuntura política.
En este contexto, ha advertido de que el empleo y la empresa no deben convertirse en instrumentos de confrontación y ha reivindicado una visión a largo plazo en la toma de decisiones públicas. Desde un ayuntamiento hasta un ministerio, ha sostenido, los responsables institucionales deben escuchar a quienes se ven afectados por sus decisiones y procurar unas condiciones que favorezcan la estabilidad económica y las oportunidades de las próximas generaciones.
La alcaldesa ha concluido con una defensa de la independencia y el rigor de la Inspección de Trabajo, a la que ha atribuido una función de equilibrio en las relaciones laborales, tanto en la protección de los derechos de los trabajadores como en la generación de confianza entre las empresas que cumplen la normativa. "Defender a los trabajadores y defender a quienes crean empleo no son objetivos incompatibles, son dos responsabilidades que deben caminar juntas", ha resumido.
Orduna ha felicitado a la presidenta del sindicato, Ana Ercoreca, y a su equipo por la organización del congreso, y ha agradecido a los participantes su presencia en Huesca. Asimismo, les ha animado a regresar a la ciudad y ha expresado su deseo de que las jornadas hayan contribuido a fortalecer su profesión y les permitan llevarse un buen recuerdo de su estancia.
La jornada del congreso continúa en Huesca con distintas sesiones dedicadas al domicilio social y la actuación de la Inspección de Trabajo, la economía sumergida y los nuevos escenarios sociales, además de una mesa sobre los problemas actuales del mercado laboral. El programa prevé la clausura a primera hora de la tarde, a cargo de Ana Ercoreca y de la directora del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Cristina Fernández González.