“La vivienda es un derecho y sabemos cómo garantizarlo”, señala Vicente Guerrero, candidato número 1 al Congreso de Sumar en la provincia de Huesca. Para el candidato la primera Ley de Derecho a la Vivienda ha supuesto “un gran avance”, pero asegura que quedan “muchos elementos pendientes que modificaremos si llegamos al Gobierno, además de hacer cumplir la ley, estableceremos limitaciones al alquiler turístico, de habitaciones y de temporada para que no se conviertan en una opción que sortee la aplicación de la Ley de Vivienda”.
Según el INE, el Pirineo aragonés copa las estadísticas de viviendas destinadas al turismo con localidades como Adahuesca donde la presión hace que uno de cada cinco pisos se destinen al turismo. “La apuesta histórica por la especulación, el urbanismo sin control y la falta de regulación del mercado inmobiliario ha provocado una situación de crisis habitacional. Una crisis que es múltiple y está causada por un modelo inmobiliario que antepone la vivienda como inversión al derecho ciudadano”, afirma Guerrero añadiendo que no solo es una crisis social, sino también climática pues se cuenta “con un parque de vivienda envejecido y energéticamente ineficiente”.
Guerrero apunta que Sumar reconocerá el derecho subjetivo a la vivienda de forma progresiva y garantizará el acceso a vivienda pública o a ayudas públicas al alquiler en parque privado: “Invertiremos sostenidamente, durante 10 años, de media el 1% del PIB en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para generar un verdadero parque de alquiler protegido, social, sostenible y asequible de más 2 millones de viviendas protegidas en los siguientes 10 años”.
El candidato añade que Sumar prohibirá “de forma expresa” la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de las administraciones y convertirá la Sareb en “una herramienta pública” que tendrá como objeto garantizar el derecho a la vivienda.
“Crearemos, además, un bono de emergencia de 1.000 euros por hogar que beneficiará a los hogares que se hipotecaron a tipo variable en los últimos 10 años por un importe de hasta 250.000 euros y precio de compra de hasta 300.000€, que son los que tienen una mayor carga de intereses, con un coste global de 1.000 millones de euros que se financiarán con cargo al impuesto extraordinario a la banca”.