La Junta Local de Seguridad de Huesca ha fijado el despliegue de unos 450 agentes de Policía Nacional, Policía Local, Policía Adscrita y Guardia Civil para garantizar el buen desarrollo de las fiestas de San Lorenzo, que comenzarán oficialmente el 9 de agosto.
El dispositivo ha sido acordado este lunes en una reunión presidida por el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, con la participación del delegado territorial del Gobierno de Aragón, Javier Betorz, y representantes de los distintos cuerpos policiales.
La Policía Nacional contará con más de 300 efectivos, con refuerzos procedentes de Zaragoza, Jaca y Canfranc. Su actuación comenzará el día 8 y pondrá especial atención en los actos más multitudinarios, priorizando la prevención de hurtos, especialmente de teléfonos móviles, peleas y agresiones machistas.
Entre las novedades de este año, se desplegarán cámaras móviles en puntos estratégicos y se distribuirán pulseras de identificación para menores, para facilitar el reencuentro con sus padres en caso de extravío. Además, se activará el sistema antidrón, destinado a detectar y neutralizar aparatos no autorizados que puedan suponer un riesgo para la seguridad ciudadana.
La Guardia Civil se encargará de controlar los accesos a la ciudad y la Policía Adscrita vigilará el cumplimiento de las normativas relativas a espectáculos públicos y locales de ocio.
SISTEMA VIOGÉN
Durante la Junta Local de Seguridad también se ha firmado la renovación del convenio de colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local de Huesca dentro del Sistema Viogén, acuerdo que refuerza la protección de las víctimas de violencia de género.
Este nuevo protocolo, firmado por la alcaldesa Lorena Orduna y el subdelegado Carlos Campo, sustituye al anterior de 2018 e incorpora la modificación de los niveles de riesgo, eliminando la categoría “no apreciado” y adoptando las clasificaciones bajo, medio, alto y extremo.
La Policía Local asumirá el seguimiento de al menos el 50% de los casos de riesgo bajo, porcentaje que podrá ampliarse hasta el 100%. En los casos de mayor riesgo, la Policía Nacional continuará con las labores de seguimiento y protección.
La actualización del protocolo del Ministerio del Interior incorpora además nuevos criterios para mejorar la atención a las víctimas, incluyendo el seguimiento de casos especialmente vulnerables, la protección de menores convivientes y medidas para reforzar la seguridad en entornos digitales.