La cooperación al desarrollo no consiste en que los países ricos repartan limosnas entre los pobres. Consiste en contribuir a que millones de personas puedan acceder al agua potable, a la educación, a la sanidad o a los recursos necesarios para ganarse la vida. En definitiva, en que puedan construir su futuro allí donde viven, sin que la pobreza, el hambre o la falta de oportunidades decidan por ellas.
Detrás de un proyecto de cooperación puede haber una comunidad que consigue abastecerse de agua, una escuela que permite estudiar a las niñas, un centro sanitario que reduce la mortalidad infantil o una cooperativa agrícola que proporciona ingresos a decenas de familias. No son gestos de caridad. Son inversiones en derechos, en autonomía y en desarrollo humano.
Y sus beneficios no terminan en las fronteras de los países que reciben la ayuda. Vivimos en un mundo profundamente interdependiente. Las crisis alimentarias, los conflictos, las enfermedades, el deterioro ambiental o los desplazamientos forzosos no entienden de fronteras. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de otras poblaciones también favorece la estabilidad, reduce vulnerabilidades y ayuda a prevenir problemas que, tarde o temprano, nos afectan a todos.
Por eso resulta tan difícil comprender que, después de décadas de reivindicación social para destinar el 0,7 % de los presupuestos públicos a cooperación, PP y Vox planteen dejarla en el 0 %. No hablamos de reducir una partida o revisar determinados programas. Hablamos de eliminarla.
Alejandro Nolasco ha encontrado una explicación que cabe perfectamente en un titular: la “prioridad nacional”. Primero hay que atender a los de aquí, viene a decir.
El argumento tiene una ventaja política evidente: enfrenta necesidades que nunca deberían competir entre sí. Como si financiar un proyecto de agua potable en África impidiera atender a una persona dependiente en Aragón. Como si la solidaridad fuera un juego en el que alguien tiene que perder para que otro pueda ganar.
Pero hay algo todavía más interesante. Si la justificación para eliminar la cooperación es que primero debemos atender a las personas vulnerables de Aragón, convendría comprobar hasta qué punto están siendo atendidas.
El Gobierno aragonés ha presentado unas cuentas de casi 9.600 millones de euros, las mayores de nuestra historia. No estamos hablando de una Administración sin recursos, sino de un Gobierno que decide cómo distribuirlos.
Empecemos por la dependencia. Desde 2018, el Gobierno de España ha pasado de aportar 36 a 111 millones de euros anuales a Aragón, prácticamente el triple. Y, sin embargo, seguimos entre las comunidades que menos invierten por persona dependiente, un 33 % por debajo de la media española. Detrás de esas cifras hay familias esperando servicios, personas mayores que necesitan cuidados y mujeres que continúan asumiendo buena parte de una responsabilidad que debería estar mejor cubierta por el sistema público. Con semejante aumento de financiación estatal, sería razonable exigir explicaciones sobre los resultados.
Tampoco hace falta salir de Aragón para encontrar niños y adolescentes que necesitan ayuda. Los profesionales de los centros de protección de menores han denunciado falta de personal, sobrecarga de trabajo y condiciones que dificultan la atención que deberían recibir. Hablamos de menores bajo tutela de la propia Administración. Más “de aquí”, imposible.
Y si hablamos de pobreza, las cifras tampoco acompañan al discurso. La Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, creada para proteger a quienes quedan fuera de la ayuda estatal, llegó en 2025 a solo 77 personas en todo Aragón. Setenta y siete. En una comunidad donde miles de familias tienen dificultades para llegar a fin de mes, cabe preguntarse si el problema es la falta de necesidad o el diseño de una prestación a la que prácticamente nadie consigue acceder.
Hasta aquí, la supuesta prioridad nacional. Veamos ahora otras decisiones presupuestarias.
El proyecto reserva 370.000 euros para la Fundación Toro de Lidia. También contempla un coste de casi 129.000 euros anuales por cada aula de Bachillerato privado concertado, mientras los centros públicos, en ciudades y pueblos, siguen necesitando mejoras e inversiones muy básicas. Y las multinacionales milmillonarias que instalan centros de datos en Aragón disfrutan de exenciones fiscales que ya quisieran para sí muchas pymes y autónomos, con la consiguiente pérdida de ingresos para los ayuntamientos y por lo tanto, para servicios que usamos todas y todos.
Por su parte, la estructura de altos cargos, asesores y personal eventual alcanza cifras récord y un coste anual de 15,4 millones de euros. Tres millones más que en 2023, cuando PP y Vox llegaron al Gobierno de Aragón. Unos 7.000 euros mensuales de coste medio por puesto. Parece que la austeridad y la necesidad de establecer prioridades admiten algunas excepciones, especialmente cuando se trata de “los suyos”.
Presentar la cooperación internacional como responsable de las necesidades sociales que siguen sin atenderse en Aragón es una coartada para esconder la falta de gestión y de voluntad política. Porque dejar a cero esa partida no garantiza una plaza residencial más, ni una prestación mejor gestionada, ni un profesional adicional en un centro de menores. Eso sí, proporciona un buen titular populista.
Y ahí parece estar la clave de esta forma de hacer política: enfrentar a unos pobres con otros y venderlo como una solución, mientras los problemas reales de miles de aragoneses siguen sin respuesta.
Los presupuestos no son un juego. Son decisiones. Y pocas cosas retratan mejor a un Gobierno que aquello para lo que encuentra dinero y aquello que decide dejar sin él.