Quiero compartir una reflexión desde el respeto a los agentes de protección de la naturaleza y desde mi experiencia como agricultor. No pretendo abrir una polémica, sino plantear cómo podemos entendernos mejor quienes compartimos una responsabilidad sobre el territorio.
Los APN desempeñan una labor necesaria. Los agricultores también. Trabajamos en el mismo entorno, aunque a veces lo miramos desde perspectivas diferentes. Precisamente por eso necesitamos escucharnos más, conocer las dificultades del otro y dejar de encontrarnos únicamente cuando aparece un problema.
Hay agricultores que vivimos determinadas actuaciones con una sensación de distancia y desconfianza, e incluso de intimidación. No sería justo generalizar ni atribuir esa intención a todos los agentes. Pero tampoco deberíamos ignorar ese malestar. Cuando una relación se vive desde el miedo, algo debemos mejorar entre todos.
Una cuestión especialmente sensible es la relación entre las infracciones y las ayudas de la Política Agraria Común. Como criterio de justicia, considero que las consecuencias de una infracción deben ser proporcionadas a lo ocurrido. Me preocupa que una misma actuación pueda acabar teniendo una repercusión económica sobre la explotación mucho mayor que la propia sanción.
Sin entrar aquí en lo que establece cada norma, creo que merece revisarse cómo se aplican esas consecuencias y cómo se explican. El agricultor debe conocer qué se le atribuye, cómo puede defenderse y, cuando corresponda, cómo puede corregirlo. Las ayudas de la PAC no deberían vivirse como una amenaza en la relación con la Administración.
También necesitamos hablar de los caminos y de la prevención de incendios.
Proteger la naturaleza exige valorar tanto el impacto de una intervención como las consecuencias de no hacerla. En medicina, a veces es necesario intervenir sobre una parte del cuerpo para preservar la vida. Salvando las distancias, en el monte puede ser necesario retirar vegetación, podar o cortar algún árbol para mantener un acceso seguro y proteger el conjunto.
Estas decisiones requieren criterio técnico y sensibilidad ambiental, pero también conocimiento del terreno y de las necesidades de los servicios de emergencia.
Un camino debe permitir el paso de los vehículos que puedan necesitarlo. En los accesos estratégicos hay que prever anchuras, apartaderos, zonas de giro y posibilidades de evacuación. Si apenas puede pasar un vehículo, ¿qué ocurre cuando se encuentra con otro que necesita salir? ¿Qué sucede si el humo reduce la visibilidad y el fuego se acerca?
La seguridad de quienes entran a ayudar debe estar presente cuando se decide cómo conservar esos accesos. Esa conversación debe producirse antes del incendio.
Por eso propongo algo concreto: que agricultores, APN, bomberos, ayuntamientos y responsables forestales recorramos juntos las zonas con dificultades. Que identifiquemos los puntos peligrosos y acordemos qué actuaciones son necesarias, cuáles pueden autorizarse y quién debe ejecutarlas. Que haya criterios claros y respuestas a tiempo.
También sería positivo reforzar el asesoramiento y la prevención: explicar antes de que se cometa un error y facilitar su corrección cuando sea posible. La confianza se construye con presencia, diálogo y decisiones comprensibles.
Los agricultores tenemos cosas que aprender y prácticas que mejorar. También tenemos experiencia que aportar. Lo mismo ocurre con cualquier colectivo: nadie conoce por sí solo todas las necesidades del territorio.
Me gustaría que estas palabras sirvieran para abrir una conversación serena. Que un agricultor pueda ver en un APN a alguien a quien consultar con confianza, y que un APN encuentre en el agricultor a un colaborador para cuidar el entorno.
Nos necesitamos. Y cuanto mejor nos entendamos, mejor podremos proteger nuestra tierra y a las personas que viven y trabajan en ella.