Pilar Alegría se equivoca. Como antes se equivocó Jorge Azcón. Con pocas semanas de diferencia, dos decisiones políticas del presidente de Aragón y de la secretaria general de los socialistas aragoneses han vuelto a poner de manifiesto el deterioro de la calidad institucional y de las prácticas políticas en Aragón.
Hace poco más de un mes, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, sorprendía a propios y extraños con la incorporación del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor de Presidencia. Un nombramiento que, desde su anuncio, ha generado una mezcla de incomprensión y malestar en el Partido Popular y, en menor medida, en el propio Partido Aragonés. El fichaje viene a profundizar en el tactismo partidista que domina la política autonómica, con su efecto paralizante sobre la sociedad. Una incorporación que no ha merecido más respuesta que un sonoro silencio por parte del socio minoritario de la coalición de gobierno. Cosas de la nueva política.
Pocas semanas después, la secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, se sumaba, desde la oposición, al reparto de cargos con una decisión que participa de la misma lógica: el nombramiento de destacados dirigentes socialistas -esta vez, al menos, pertenecientes a su propio partido- para los consejos de administración de varias empresas públicas aragonesas. El PSOE cumple así con la cuota de representación que los partidos políticos se asignan entre sí en estos entes públicos.
Ambas decisiones ponen en cuestión los mensajes de regeneración política que sus respectivos partidos trasladan a la ciudadanía y evidencian, una vez más, la escasa calidad democrática de nuestras instituciones. Confirman, además, una sospecha cada vez más extendida: que la administración pública corre el riesgo de convertirse en una prolongación de las organizaciones políticas.
Esta apropiación partidista de las instituciones está en el origen de buena parte de la desafección de la ciudadanía hacia la clase política y es uno de los factores que explican la aparición de corrientes políticas populistas. Si la incorporación de Alberto Izquierdo responde a una estrategia política del Partido Popular para reforzar su posición en el espacio político que tradicionalmente ocupaba el PAR -por la puerta de atrás y sin un mandato explícito de las urnas que la avale-, la decisión de Pilar Alegría de colocar, o recolocar, a dirigentes del PSOE en el entramado de sociedades y organismos autonómicos responde a una lógica semejante: conservar cierto control político sobre los consejos de administración de estas empresas. Justo lo contrario del discurso de regeneración democrática que Alegría sostiene desde que encabeza la oposición. Otra vez, cosas de la nueva política.
La cuestión de fondo, sin embargo, no son los nombres ni los partidos, sino el mecanismo por el que se reproduce este déficit democrático. Cuando la designación para ocupar una asesoría de máxima responsabilidad o un puesto en el consejo de administración de una empresa pública responde prioritariamente a criterios de afinidad política, resulta inevitable preguntarse si el mérito, la experiencia profesional y la independencia han dejado de ser los principios que inspiran estos nombramientos. Y cuando esa duda se instala en la opinión pública, la confianza en las instituciones empieza a erosionarse.
Si los órganos de dirección de una empresa pública están integrados mayoritariamente por cargos políticos y estos, a su vez, tienen la potestad de nombrar a quienes gestionan el día a día de la sociedad, resulta ingenuo esperar que, cuando aparezcan problemas de gestión, desviaciones presupuestarias o ineficiencias, sean esos mismos responsables quienes levanten la voz. Los incentivos apuntan justamente en la dirección contraria: proteger la decisión adoptada y preservar a quienes ellos mismos nombraron. Control y gestión quedan así atrapados en un mismo ecosistema político, en una misma red de lealtades.
Esos mismos incentivos perversos pueden apreciarse también en el nombramiento de Alberto Izquierdo como asesor de Presidencia. ¿Acaso esta incorporación no condicionará la función representativa y la capacidad de oposición del PAR en aquellas instituciones gobernadas por el Partido Popular donde todavía mantiene representación? La duda es más que razonable.
Hay en estas decisiones políticas un elemento de subversión del diseño institucional de la comunidad autónoma. No se crearon las asesorías políticas para premiar lealtades ni para convertirse en una vía de acomodo de dirigentes políticos, tampoco la configuración de los consejos de administración de una empresa pública para reproducir el reparto de poder del arco parlamentario. La primera decisión cuestiona el respeto que merece el votante y el criterio con el que se selecciona a quien ocupa una de las asesorías más relevantes de la Comunidad Autónoma; la segunda pone en cuestión la eficiencia que debe presidir la gestión de cualquier empresa pública, especialmente cuando se financia con recursos de todos.