Los resultados electorales admiten siempre diversas interpretaciones, y lo ocurrido en las últimas elecciones autonómicas de Aragón no es una excepción. Una de estas lecturas sugiere que los partidos que han asumido responsabilidades de gobierno y se han alternado en el poder han sido los más penalizados por el electorado. Así, el vencedor de los comicios, el Partido Popular, pierde dos escaños, mientras que el PSOE sufre un retroceso aún más acusado, con cinco diputados menos, y el PAR desaparece. Por el contrario, aquellas formaciones que el votante no identifica con tareas de gestión han incrementado su representación en las Cortes, como Vox y Chunta Aragonesista.
Este comportamiento electoral puede explicarse, en buena medida, por la preocupación de amplios sectores de la sociedad por el funcionamiento de los servicios públicos. Esta inquietud lleva a poner en cuestión tanto las políticas aplicadas como la capacidad de quienes están al frente de estos departamentos, que -conviene recordarlo- constituyen el pilar fundamental del estado de bienestar. Desde esta perspectiva, el castigo en las urnas sería una consecuencia directa del progresivo deterioro de los servicios esenciales.
Esta idea se comprende mejor si tenemos en cuenta que no existe un modelo único para prestar los servicios básicos a la población, sino tantos como comunidades autónomas. Cada una se organiza de forma distinta y obtiene resultados diferentes. En otras palabras, el sector público autonómico no tiene el mismo tamaño ni funciona del mismo modo en Comunidad de Madrid, Cataluña o Aragón.
En estas diferencias influye, sin duda, la ideología política, aunque factores como la financiación disponible, las características de cada territorio y la capacidad de sus responsables para gestionar estos servicios resultan aún más determinantes.
La responsabilidad de Bancalero
En el caso concreto de la sanidad aragonesa, los desequilibrios del mapa sanitario, unidos a las particularidades del territorio -como la dispersión geográfica o el acusado envejecimiento de la población-, han acabado configurando un sistema a dos velocidades: uno en el área de Zaragoza y otro en el Aragón rural. Es un mismo servicio público, pero con dos realidades asistenciales claramente diferenciadas.
Esta brecha asistencial se ha ido ensanchando a lo largo de sucesivas legislaturas sin que ningún gobierno autonómico haya logrado articular una política eficaz para corregirla. La sanidad rural ha continuado percibiéndose como un ámbito profesional de segunda fila, más como un foco de problemas que como una prioridad estratégica, y como un servicio que nunca termina de integrarse plenamente en el sistema sanitario autonómico.
En este diagnóstico sale especialmente mal parado el consejero de Sanidad del Ejecutivo aragonés, ahora en funciones. Bajo su responsabilidad, el departamento ha evidenciado una clara incapacidad para afrontar las ineficiencias y los retos del sistema de salud. El incremento de las listas de espera, las quejas de usuarios y profesionales y los reiterados cambios de centro de referencia para los pacientes han sido la tónica dominante desde el inicio de la legislatura.
Como consecuencia de esta gestión, los indicadores que miden la calidad asistencial han acelerado su deterioro, incluso a un ritmo superior al registrado en el resto de las comunidades autónomas. La erosión de la atención sanitaria ha sido todavía más acusada en las áreas de salud periféricas -Barbastro, Alcañiz, Teruel…-, donde la falta de profesionales y la reducción de servicios se han convertido en el denominador común de la asistencia sanitaria. Un deterioro que ya no se limita a las especialidades hospitalarias, sino que alcanza al conjunto del circuito asistencial: urgencias, atención ambulatoria y transporte sanitario.
Todo apunta a que las decisiones políticas del departamento persiguen un único fin: degradar la sanidad rural -especialmente la hospitalaria- hasta convertirla en un servicio auxiliar y ambulatorio dependiente de una sanidad central en Zaragoza. Desde este enfoque se explican los atajos laborales que facilitan el traslado de profesionales a los grandes hospitales tras un breve paso por una supuesta “experiencia rural”, así como la persistente escasez de contratos estables y de plazas definitivas en los centros periféricos. La sanidad aragonesa no debería planificarse sobre la base de estos itinerarios profesionales: no contribuyen a fidelizar a los sanitarios y resultan claramente perjudiciales para los pacientes.
Durante algo más de dos años y medio de legislatura, la conflictividad en el sector sanitario ha crecido al mismo ritmo que la precarización del sistema y la presión asistencial. Semana tras semana se han sucedido concentraciones ante hospitales y centros de salud, acompañadas de comunicados que alertan sobre la deriva de la sanidad aragonesa. Esta oleada reivindicativa se ha extendido por todo el territorio y se ha convertido en un síntoma más del colapso progresivo de los servicios públicos. Lo más preocupante, sin embargo, es la constatación de la creciente segregación sanitaria en función del lugar de residencia, un fenómeno que socava el principio de igualdad reconocido en la legislación sanitaria española.
Bancalero, como titular del departamento, es el principal responsable del deterioro de la atención sanitaria, particularmente, en las áreas de salud rurales. Su gestión al frente de la Consejería lo inhabilita para continuar al frente de la política sanitaria autonómica. Así lo han expresado los ciudadanos en las últimas elecciones autonómicas: con Bancalero, no.