El término que da título a esta reflexión, más allá de su creación por negligencia artificial derivada de la mediocridad intelectual, plantea de nuevo el viejo debate sobre los límites de la libertad de expresión en democracia; pero si ese término es utilizado por un magistrado (obsérvese la "m" minúscula) de la Audiencia Nacional para referirse a la esposa del Presidente del Gobierno, lo que pone de manifiesto es que la politización de la justicia se está convirtiendo en uno de los principales problemas de la estructura institucional de un país que presume de ser un Estado social y democrático de Derecho.
Vaya por delante que la gran mayoría de Fiscales, Jueces y Magistrados (obsérvense las mayúsculas) realizan su trabajo con arreglo a la ley y en condiciones materiales mejorables, pero algunos de ellos comprometen al colectivo y generan en la sociedad zozobra e inquietud crecientes. Veamos...
Al ya referido magistrado de la Audiencia Nacional, gracioso y ocurrente él, hay que añadir la prospectiva actuación del juez que instruye el caso de Begoña Gómez, cuya torpeza como esposa del Presidente de Gobierno solo es comparable a la del Fiscal General de Estado en el tema de las filtraciones; el sorprendente e intencionado proceder del magistrado del Supremo que lleva las diligencias contra el Fiscal General del Estado, cuya torpeza como garante del buen hacer judicial solo es comparable a la de la esposa del Presidente del Gobierno; y la ofensiva e indignante referencia que otro gracioso y ocurrente magistrado de la Audiencia Nacional hizo en su momento a las cajeras de Mercadona para criticar a la ex-Ministra y Eurodiputada Irene Montero, son cuatro claros ejemplos de la peligrosa deriva que está tomando la justicia española. A los cuatro se les ve la patita por debajo de la puerta.
Reflexión aparte merece el análisis de cómo hemos llegado hasta aquí y qué solución tiene, si la hay, semejante barullo. Y, dicho sea de paso, las cajeras de los supermercados ejercen su labor con más dignidad que muchos otros en sus altas responsabilidades públicas.