La renovación del Consejo del Poder Judicial, y también la del Tribunal Constitucional se está convirtiendo en una pugna partidaria de los dos grandes partidos políticos nacionales que no parece tener solución aparente. De entrada, al hombre corriente, a la gente de la calle, esto le importa un rábano, pero no deja de ser lamentablemente muy significativo. Aunque la ministra de Justicia va en metro, cosa que ni ella se lo cree, dice que escucha a la gente manifestar su preocupación por los comentarios de los viajeros ante la desgracia que aqueja a los órganos de gobierno de los jueces, que tienen muy alargado el mandato de tanto depender de los partidos. Éstos son, a fin de cuentas, los responsables del desaguisado. Lo primero que destaca es la abusiva presencia de los partidos en todas las instancias públicas de España.
La letra de la Constitución dice muy claramente la composición del Consejo del Poder Judicial, en su artículo 122.3, pero con la determinación del vicepresidente Guerra, que no era precisamente un jurista fino, pero sí un fino político, vino a entender en su ley que, si la justicia emana del pueblo, es el partido gobernante el que manda en el cotarro judicial. Eso, después, se lo creyó el Tribunal Constitucional. Vino a decir que eso de que los jueces se eligen por los jueces y de que son independientes es mejor dejarlo para luego, o dicho en fino, sine die. Casi nadie recordó que es el parlamento el que hace las leyes, normalmente a iniciativa del gobierno, y que lo único que hacen los jueces es aplicarlas, no son quienes las hacen. Pero el poder quiere todo bien amarrado. Bien atado.
El caso es que hay un largo serial, donde participan la ambición política partidaria y todo el engranaje mediático que lleva la comparsa, con menguante calidad. La cierta y constatada estulticia mediática habla mucho de jueces progresistas y jueces conservadores, lo cual suele ser una manera de simplificar. Estos adjetivos son equívocos, algo más cercano a la mentira que a otra cosa. Digo estulticia, porque los tiempos vienen con aires sectarios de simplificación, de cultura de titular de propaganda y de escasa profundidad. Parece que los adjetivos (progresista, conservador) tienen más importancia que los sustantivos (juez, aplicador del derecho).
Pero la culpa no es de los medios, que son el eco de la situación creada por la ignorancia de la clase dirigente. Larga, perjudicial y lamentable disputa, donde nadie tiene el cien por cien de la razón, ni debe aspirar a ello, y donde la política crea el problema, innegablemente, y donde será la política quien deberá hallar la solución. Así está la cuestión y el laberinto, pero parece que el Derecho debería imponerse frente al ansia partidaria y gubernamental, y aquí estamos ante un flagrante caso de mal uso de las leyes.
No sé cómo está la berrea de los chotos, que creo suele ser por estas épocas cuando se suelen dar buenos estacazos con sus atributos, que me recuerdan el litigio del Poder Judicial y Tribunal Constitucional.
Resulta paradójico que los que deben regir la aplicación del derecho, como mecanismo humano de solución de conflictos, sean incapaces de hallar jurídicamente una solución a su propio sistema de gobierno. La situación actual perjudica a los jueces, y a los ciudadanos, y resulta bastante escandalosa en Europa, con el comisario del ramo viniendo a mediar. Es mala manera de hacer pedagogía para la gente soberana. Es gravemente perjudicial para toda la judicatura.
La oposición duda y no cede; el gobierno, capaz de indultar a golpistas y de articular libertades a asesinos confesos mediante transferencias y leguleyeces, tampoco cede. Todo deviene propaganda, consigna de argumentario en los medios afines. (Y los partidos que no están presumo que harían lo mismo, si pudieran mandar más. Y los nacionalistas en el río revuelto pidiendo consejitos de poder judicial para ellos mismos y su particular patio).
Patético es ver el bloqueo y desgobierno de los llamados a impartir justicia. Los salva que es cosa de partidos y políticos, incluso del mal uso del legislador que también se equivoca reduciendo facultades del Consejo del Poder Judicial, pero las alturas judiciales están repletas de aspirantes con ganas de trepar y de jugar a progresista y conservador, cansados de aplicar la “dura lex”. Todo un alarde de despropósitos. Y una lesión que daña al país y a la justicia.