El mes de abril no es sólo el mes del libro, sino que es el mes en el que empieza la campaña de la renta. Los contribuyentes españoles debemos hacer frente a la Agencia Tributaria y cumplimentar el formulario del IRPF (Impuesto sobre las rentas de las personas físicas). Y aunque es un impuesto que lleva con nosotros desde 1977 y que cada año nos enfrentamos a él, el debate público lo ha marginado y lo asumimos como inevitable, cuando es un tributo muy mejorable. La desidia de todos los gobernantes nos ha traído hasta aquí, hasta el momento en el que este impuesto se siente como una multa por el simple hecho de trabajar y querer ganar dinero.
El IRPF es el impuesto que más recursos proporciona a las arcas públicas, pero es un gran desconocido para el público, empezando por a quién se lo pagamos. El impuesto tiene tanto una parte nacional como una autonómica, pero, aunque demos una parte de nuestra renta a la Comunidad Autónoma en la que vivamos y otra parte al Gobierno Central, la mayoría de las herramientas para gestionar este impuesto están en manos del ministerio de Hacienda, actualmente el valenciano Arcadi España.
Desde la llegada al gobierno de Pedro Sánchez, la tendencia ha sido a incrementar la complejidad del impuesto y a no deflactar las reducciones, lo que se ha transformado en un incremento impositivo indirecto. Por lo que sí, nuestro dinero se lo quedan los gobernantes autonómicos y nacionales, pero es desde Madrid desde donde se podrían mejorar las cosas y no lo están haciendo, más bien van por el camino contrario. Aunque he de decir que desde los gobiernos autonómicos podrían paliar parte del sufrimiento del contribuyente bajando el tipo impositivo autonómico y aumentando las deducciones, cosa que sólo hace la Comunidad de Madrid (gobernada por el PP). En el programa electoral de VOX entre sus numerosas ideas está la de podar el IRPF y reducir su dificultad, ahora que han entrado en el Gobierno de Extremadura (y parece que lo harán en Aragón y Castilla y León) veremos si imponen su criterio.
Junto con la perspectiva política anterior, la complejidad intrínseca del IRPF y la saturación de la Agencia Tributaria ha provocado un fenómeno llamativo, pocos españoles pueden hacerse la declaración ellos mismos. Un tramite que tendría que ser sencillo, se ha convertido en una odisea. Por lo que las asesorías fiscales hacen su agosto en este mes, ya que la mayoría de las personas deciden poner en manos de terceros la responsabilidad de cumplimentar el impuesto. Un tramite que tendría que ser casi directo (decir cuánto dinero se ha ganado), lo han convertido en un rompecabezas, y la gente prefiere pagar y olvidarse, lo que se podría considerar como un incremento del impuesto.
Y esta complejidad a su vez tiene una derivada peligrosa: los errores. Si se han obtenido rentas legales y se han declarado a lo largo del año, la agencia tributaria tendría que saber exactamente cuánto tendríamos que pagar y, sin embargo, los borradores que facilitan están incompletos. Así que si el contribuyente no se fija bien y acepta el borrador puede que le ocurran dos cosas: que pague más de lo que debería pagar o que en unos meses le visite un inspector de Hacienda y le ponga una multa. El año pasado casi dos millones de declaraciones fueron objeto de inspecciones de los cuales un alto porcentaje acabó en sanciones.
Ignoro los motivos por los que los distintos gobiernos no han intentado mejorar el IRPF y el funcionamiento de la Agencia Tributaria. Puede ser que teman a la propia agencia o que como este sistema les beneficia, prefieren que el ciudadano siga sufriendo mientras ellos obtienen más recursos para gastar. O simplemente han sido unos descuidados y han dejado pasar el problema. Sea como fuere nos encontramos en abril del 2026, teniendo que pagar el IRPF más alto de la historia de la democracia, con miedo a una inspección y viendo como cada día los servicios sociales son peores.