Este mes de septiembre ha empezado con una buena noticia para la economía europea. Se ha firmado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países que conforman MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela). Gracias a este acuerdo se reducen (por ambas partes) los aranceles que teníamos impuestos y se facilita la implantación de empresas europeas en el continente americano y viceversa. Este acuerdo, en sus previsiones más realistas, aportará a la economía española un crecimiento de hasta el 0,23% del PIB actual, que se traducirá en una creación de más de 22.000 puestos de trabajos y un incremento en los salarios reales de hasta el 0,14%. También los productos que compramos de estos países tendrán un precio menor y ayudará a aumentar la capacidad adquisitiva de los consumidores españoles. Y todo esto con perspectivas “realistas”, los datos aún podrían ser mejores.
¿Cómo se va a crear esta riqueza? Eliminando trabas burocráticas y permitiendo el libre mercado. Corroborando una vez más la veracidad de la primera frase que les digo a mis alumnos en la universidad: “El comercio genera riqueza”.
Tras este acuerdo que han tildado de histórico, ha habido analistas que han recordado el informe de Mario Draghi sobre continuar con la integración económica europea, ya que las trabas internas en la zona euro son ingentes, y su eliminación tendría un impacto en la economía superior al de este acuerdo, pero no nos vayamos al extranjero. ¿En España ocurre lo mismo? Sí.
Desde hace décadas, las asociaciones de empresarios, sobre todo de PYMES, llevan advirtiendo de que la regulación autonómica está impidiendo el crecimiento de empresas españolas. Cuantifican los empresarios que una normativa igualitaria y simplificada entre las regiones españolas podría incrementar el PIB nacional hasta un 4% en el mejor de los casos. Por si acaso no ha quedado claro, un acuerdo internacional hará incrementar nuestro PIB un 0,23%, pero un acuerdo autonómico podría incrementarlo un 4%.
A algún lector desconfiado le podría parecer este dato un poco desproporcionado y que, al ser calculado por asociaciones de empresarios, puede estar sesgado a su favor. Por lo que, lo mejor es fijarse en los datos. Las regiones españolas que han reducido su regulación respecto a las empresas han visto incrementado su PIB y el número de empresas (y autónomos), se ha reducido el paro y se ha incrementado el comercio con otras regiones. Por otro lado, las comunidades que se han dedicado a incrementar las regulaciones tienen unos resultados opuestos: reducción del crecimiento del PIB y menor número de empresas (y autónomos), incremento del paro y reducción del comercio interregional.
El máximo representante del acuerdo comercial/económico entre regiones españolas es la ley de “mercado abierto” de la Comunidad de Madrid aprobada en el 2022. Esa regulación que facilitaba la burocracia a las empresas ha provocado que la región madrileña viviera una expansión económica sólo por facilitar el comercio. Desgraciadamente ningún otro gobierno autonómico ha seguido la estela de Madrid a excepción de Extremadura (y aún a día de hoy no tiene aprobada la legislación).
Un acuerdo como el de MERCOSUR nos debe hacer reflexionar mucho a los españoles y exigir a nuestros gobiernos autonómicos que no dejen pasar un día más sin poner en marcha una Ley de Mercado Abierto. Un día más sin esa ley, es un día perdido. Ya que Montero y Cuerpo no se preocupan por la economía privada, ojalá podamos decir que los dirigentes autonómicos sí lo hacen.