Algo significativo está ocurriendo en Estados Unidos. En el país de las grandes tecnológicas y del libre mercado, cada vez más municipios empiezan a preguntarse si instalar un centro de datos es realmente el negocio que les habían contado. Y lo interesante es que sus vecinos han podido votar.
El pasado 3 de noviembre se celebraron 41 consultas locales en diez estados norteamericanos. El balance de 2026 es bastante llamativo: de 47 medidas resueltas, 46 han favorecido restricciones a estas instalaciones o rechazado propuestas para facilitar su expansión.
Pero más allá de las cifras, merece la pena detenerse en qué han decidido esos municipios. En Alhambra, California, el 82 % de los votantes respaldó prohibir los centros de datos. En Edgewater, Florida, el 77 % apoyó impedir nuevas instalaciones y ampliaciones. Y en Bloomington, Illinois, casi ocho de cada diez votantes se pronunciaron a favor de recomendar una moratoria.
Otros municipios han optado por fórmulas diferentes. En Grove City, Ohio, han decidido que determinados grandes proyectos industriales deban someterse a consulta ciudadana. En Perry, también en Ohio, han introducido garantías económicas para que las empresas que reciben incentivos fiscales respondan por sus compromisos de empleo e ingresos públicos.
No parece que los estadounidenses se hayan vuelto enemigos de la tecnología de repente. Sencillamente, empiezan a echar cuentas. Y tienen motivos para hacerlo.
Virginia, uno de los territorios con mayor concentración de centros de datos del mundo, lleva años estudiando sus efectos. Un informe oficial de 2024 reconocía sus beneficios económicos, especialmente durante la construcción, pero advertía de que su creciente demanda eléctrica podía encarecer la factura del resto de consumidores. Sin medidas correctoras, estimaba un incremento de entre 14 y 37 dólares mensuales por hogar hacia 2040.
El informe también alerta de las consecuencias climáticas de semejante crecimiento energético. Para atender la demanda prevista podrían necesitarse nuevas centrales de gas, además de una importante expansión de las energías renovables. Es decir, el desarrollo de la economía digital también plantea un problema muy material: cómo producir toda esa electricidad sin aumentar las emisiones ni comprometer los objetivos climáticos.
El agua es otra de las preocupaciones. Dependiendo del sistema de refrigeración, estas instalaciones pueden consumir cantidades importantes, especialmente durante los meses de calor. En algunas zonas estadounidenses, su expansión ha abierto debates sobre la disponibilidad de recursos hídricos y su competencia con otros usos.
Y hay otra cuestión que conviene tener presente: buena parte del empleo que generan se concentra en la fase de construcción. Una vez en funcionamiento, las plantillas son considerablemente menores. Los ingresos fiscales, por su parte, dependen en buena medida de las exenciones y ventajas concedidas a las empresas.
Mientras tanto, en Aragón, el Gobierno de Jorge Azcón continúa extendiendo la alfombra roja a las grandes tecnológicas. Cada nueva inversión se presenta como un éxito económico, pero las preguntas sobre sus costes, sus impactos acumulados y el retorno real para el territorio quedan sin respuestas.
Y en Huesca sabemos algo de esto. Los centros de datos se han beneficiado de la tramitación como Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA), con las correspondientes ventajas fiscales. Solo por las obras, el Ayuntamiento ha dejado de ingresar alrededor de 91.000 euros en impuestos municipales. Hasta ahora.
No deja de resultar llamativo que cualquier autónomo que abre un pequeño negocio tenga que afrontar sus impuestos y tasas, mientras inversiones de semejante magnitud disfrutan de estas ventajas. Y todavía desconocemos si el centro de datos que funciona desde 2022 ha abonado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuánto ha pagado, en su caso, y cuál es la cuota anual que le corresponde.
Tampoco ayuda a despejar las dudas lo ocurrido con el convenio que el Ayuntamiento firmó en marzo de 2025 con Amazon Web Services para financiar actuaciones relacionadas con el abastecimiento de agua, entre ellas la renovación de la tubería de San Julián de Banzo. Más de año y medio después, no hemos conseguido localizar su publicación íntegra, pese a que la legislación de transparencia obliga a dar publicidad a estos acuerdos. Desde el Partido Verde ya reclamamos que se hiciera público.
Y es aquí donde volvemos a las preguntas que se están haciendo los municipios estadounidenses. Si estas inversiones son tan beneficiosas como se asegura, ¿qué inconveniente hay en explicar cuántos empleos estables generan, qué ingresos fiscales dejan, cuánta agua y electricidad consumen, quién financia las infraestructuras y qué obligaciones han asumido las empresas?
Son experiencias que convendría observar antes de seguir multiplicando proyectos.
No se trata en absoluto de un rechazo por definición a la tecnología. Los centros de datos son infraestructuras necesarias y pueden aportar actividad económica. Pero una inversión multimillonaria para una empresa no significa necesariamente un beneficio equivalente para el territorio que la acoge.
Lo que cuesta entender es que se anuncien con tanto entusiasmo las cifras de inversión y resulte tan difícil conocer sus condiciones y contrapartidas. Esa falta de información alimenta las dudas, y las dudas no se despejan con más anuncios, sino con transparencia.
Estados Unidos, que lleva años de ventaja en la implantación de estas instalaciones, empieza a revisar sus condiciones y sus costes. Aragón todavía está a tiempo de aprender de esa experiencia.
Gobernar Aragón debería ser algo más que extender la alfombra roja a las multinacionales: debería significar, ante todo, defender los intereses de quienes vivimos aquí.